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De Carlos Parodi en el Diario Gestión del 28 de octubre de 2016 y editado por Econ. Víctor Alvino Victor Eleazar Alvino Guembes
Luego de transcurrido menos de cien días, el gobierno enfrenta sus primeros problemas políticos, y como resultado la aprobación de la gestión presidencial ha caído ocho puntos de acuerdo con una encuesta. En simultáneo, y gracias al cobre, la economía sigue creciendo. ¿Es acaso que la economía y la política avanzan por caminos separados? ¿Puede estar bien la economía y mal la política?
Desde hace un buen tiempo se cuestiona que los beneficios del crecimiento no llegan a todos; por eso la expresión de moda del gobierno anterior fue “incluir para crecer” (aunque desde el punto de vista de Carlos Parodi, con quien estoy totalmente de acuerdo podría leerse al revés). Sin embargo, el estado no cumple con su función básica: garantizar el acceso a servicios básicos de calidad para todos y desde esa óptica y más allá de los números “no incluyó a todos”.
Pensemos en educación, salud, seguridad, caminos rurales, etc. ¿Es un problema de falta de dinero del gobierno? Si bien es cierto no abunda el dinero, la respuesta es negativa; a pesar que la economía crece menos que antes, el crecimiento económico, a través de la recaudación tributaria, “financia” el gasto que hace el estado. El crecimiento económico le otorga el dinero al estado para que este gaste y cumpla con su función.
Por eso el crecimiento es una condición necesaria (que genera los recursos) pero no suficiente (depende de cómo gaste el estado) para que aumente el bienestar. El crecimiento económico es un medio y no un fin en sí mismo. Entonces, ¿no será que el Estado, en sus tres niveles, no sabe cómo gastar a pesar de tener los medios para hacerlo?
¿Quiénes toman las decisiones sobre cuánto y cómo gasta el estado? Lo que llamamos “la clase política”, es decir, ministros, congresistas, presidentes regionales, alcaldes, funcionarios públicos, entre otros. ¿Por qué no toman las decisiones que la ciudadanía considera correctas? Si todos queremos tener más seguridad, mejor educación y salud, mejor infraestructura y en eso todos estamos de acuerdo, entonces, ¿qué pasa?
La relación entre política y economía tiene una doble causalidad; por un lado, si la economía no va bien, los políticos que dirigen el país aparecen como los primeros culpables por que no tomaron decisiones correctas o si lo hicieron, fueron erradas y generaron confusión e incertidumbre entre los inversionistas (grandes, medianos y pequeños); por otro, si la economía va bien, es natural esperar que vaya “bien” para las grandes mayorías y eso está relacionado con reformas claves en los servicios básicos, como educación y salud. Si las instituciones políticas “no funcionan”, entonces estamos lejos de legislar en torno de reformas claves.
Existen dos escenarios para implementar reformas: a través del consenso (democracia) o de manera vertical (autoritarismo). El primer camino es más largo, pero conduce a resultados más sostenibles y es el mecanismo normal de las democracias representativas. El segundo tiende a ocurrir en gobiernos con características autoritarias.
La democracia es el gobierno del pueblo, pero como todos no pueden gobernar, los ciudadanos eligen a algunos de ellos para que los representen, tanto en el poder ejecutivo como en el congreso. Muchas veces ocurre que la “clase política” olvida dos cosas: por un lado, que “representa” a todos, por lo que no puede decidir lo que se le antoje; por otro, cuando cualquier persona paga impuestos, financia los ingresos de los “representantes”.
En otras palabras, los congresistas o representantes son los intermediarios entre la población y quienes deciden. Este escenario ideal funciona mejor cuando existen partidos políticos sólidos, de alcance nacional que canalicen las demandas de los ciudadanos, algo inexistente en el caso peruano. El problema es que cuando no funciona, se abre el camino a regímenes autoritarios.
Ahora bien, ¿se cumple el escenario ideal en el Perú? Mi opinión es que no y una prueba de ello son los bajos niveles de aprobación, tanto de congresistas como clase política en general. Los ciudadanos no nos sentimos representados por quienes elegimos, pues no creemos en ellos, ni tampoco en el poder judicial, la policía, etc.
Lo que observamos es que los políticos no saben cómo lograr consensos (cada uno ve su propio interés), realizan promesas sin medir las consecuencias y solo con un afán electoral, están inmersos en escándalos de corrupción que hacen que los congresistas pasen el tiempo fiscalizándose unos a otros sin discutir leyes a favor del desarrollo del país, etc. Y eso tiene un impacto sobre la economía.
Por un lado, no avanzan las reformas pues ni siquiera se discuten y es sabido que un país que no invierte bien en su propio capital humano, no tiene posibilidades de sostener el crecimiento futuro; por otro, la economía “crece menos que lo que podría crecer”, pues la incertidumbre y la sensación de caos generan que se posterguen inversiones nacionales y extranjeras. En el mediano plazo es muy complejo tener una “buena economía” con una “mala política”, pues no es sostenible la primera sin la segunda. La política no está divorciada de la economía, aunque parezca que sí.
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