sábado, 7 de enero de 2017

USO DE GRILLETES Y REESTRUCTURACIÓN DEL INPE ENTRE LAS NUEVAS MEDIDAS


El Consejo de Ministros promulgó ayer un paquete de 19 Decretos Legislativos en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reactivación económica.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski también destacó los avances y medidas adoptadas en seguridad ciudadana, así como la lucha anticorrupción.

Precisamente, en el primer tema se promulgaron decretos legislativos para la reforma del Sistema Penitenciario. Uno de ellos es el DL 1322 que regula la vigilancia electrónica personal a través de la utilización de los grilletes electrónicos, que si bien se encontraba vigente hace dos años, faltaba reglamentarla para regular su control. La finalidad de la norma es reducir el hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y el costo de internamiento.

La norma dispuso que sea el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) la entidad responsable de implementar el uso de los grilletes cuyo dispositivo será costeado por el procesado o condenado, salvo en excepciones dispuestas por el juez.

El uso de los grilletes será implementado de manera progresiva y se iniciará con un Plan Piloto en Lima y Callao, por un año, para luego implementarse en otras regiones.

Solo podrán acceder a ellos los sentenciados con condenas menores a ocho años. En los delitos graves como el crimen organizado, no será factible.

"La ampliación de seis a 8 ocho años tiene un efecto importante porque una de las razones por las que no se implementaba era que las personas que podían acogerse a esta medida no eran muchas, lo que incrementaba el costo. Con ocho años hay un universo mayor y los costos se reducen".

"Me parece criticable obligar al beneficiado a asumir el costo del grillete que alcanza de ocho a diez dólares por día. Debe asumirlo el Estado porque en su mayoría las personas vinculadas a procesos penales carecen de recursos económicos,como los jóvenes, madres gestantes o mayores de 65 años", comentó el ex jefe del INPE Wilfredo Pedraza.

Por otra parte, el Decreto Legislativo 1325, que declara en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario y la reestructuración del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), por dos años, en lo que se refiere a infraestructura penitenciaria, el sistema del personal, la atención en salud de los reclusos, la producción de las cárceles y el sistema de alimentación.

En el tema de la infraestructura, se indica que el INPE podrá construir más pabellones a través de un procedimiento simplificado que ha establecido y sin necesidad de licitaciones.

La condición de emergencia permitirá utilizar un procedimiento simplificado para contratar a empresas que puedan construir nuevos pabellones en penales que tengan mayor espacio.

"En materia de construcción de cárceles resulta más económico construir pabellones en penales que ya existen porque evita el costo del perímetro, de hacer nuevos servicios de salud, cocinas, etc. y, por lo tanto, el costo se reduce sustantivamente para hacer exclusivamente dormitorios", explicó Pedraza.

De acuerdo a Germán Small, ex presidente del INPE y especialista en sistema penitenciario, la capacidad de los 68 penales que existen en el Perú es de solo 45 mil internos, sin embargo, existen unos 80 mil presos: "Significa que hasta hemos estado atentando contra la persona encarcelada al no darle un espacio adecuado. La sobrepoblación en los penales trae consigo un fenómeno: la corrupción carcelaria. Era necesario tomar una medida drástica".

Como una medida de lucha contra la corrupción en el sistema penitenciario, el decreto señala que las personas que presenten servicios a las sedes penitenciarias deberán presentar su declaración jurada por bienes y servicio.

En el tema de salud, el decreto señala que el Ministerio de Salud y EsSalud, entre otros, deben brindar programas de atención, de manera preventiva, orientados a disminuir la TBC y el VIH en el mismo local penitenciario. Asimismo, se deberá impulsar el tratamiento integral que permita la medicación y/o traslado definitivo de las personas con problemas de salud mental a un centro especializado.

"Un punto importante es la solución al problema de los enfermos mentales porque no corresponden al campo penitenciario. No se produce en el recinto la mejora del interno, sino todo lo contrario, por lo que debe ser llevado a un sanatorio", explicó Germán Small.

En el decreto de emergencia se señala que las medidas a implementarse se deberán realizar con los mismos recursos con los que cuenta el INPE.

"Una emergencia debería acompañarse de más recursos. El INPE ha carecido siempre de recursos necesarios para satisfacer mínimamente sus demandas, por lo que si esta ley no viene con recursos, va a ser solo declarativa. En los últimos 20 años, el sistema carcelario se ha declarado en emergencia ocho veces y no tuvo ningún resultado", sentenció Pedraza.

Premier Zavala es citado para este miércoles
El presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Miguel Torres, informó que el jefe del gabinete ministerial, Fernando Zavala, ha sido invitado para el miércoles 11 de enero, a las 4:00 p.m., a fin de dar cuenta de los decretos legislativos promulgados por el gobierno, en el marco de las facultades otorgadas por el Parlamento.

El legislador fujimorista apuntó que su colega de la bancada Fuerza Popular, Úrsula Letona, estará a cargo del grupo de trabajo que revisará las normas emitidas desde el Poder Ejecutivo.

Aspiramos a que en febrero podamos concluir con esta labor para no dilatar la agenda, que ya es recargada en la comisión, porque en marzo retomamos nuestras sesiones ordinarias”, comentó, al referirse a los plazos.

Torres no descartó que el Congreso vaya a modificar o aprobar normas complementarias a los decretos ya promulgados; y subrayó que una decisión de este tipo no debería ser tomada como una actitud obstruccionista.

Pendiente
Fuentes de Palacio informaron ayer que el gobierno espera emitir un total de 106 decretos legislativos. Precisamente hoy deben ser promulgadas en El Peruano las últimas normas.

Un decreto legislativo pendiente tiene que ver con la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos Personales.
Fuente: La República

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