La comunicación que existía entre el suspendido fiscal Dante Farro Murillo, ex presidente de la Junta de Fiscales del Santa, y los hoy involucrados en la red criminal que lideraba el expresidente regional de Áncash, César Álvarez, habría quedado demostrada con las constantes llamadas que mantuvo con el presunto operador legal de la organización delictiva.
El documento sobre el levantamiento del secreto de sus comunicaciones revela que entre el 2011 y 2013 Farro Murillo se comunicó 42 veces con el abogado Jorge Luis Espinoza Garro, quien era defensa legal del congresista Heriberto Benítez y César Álvarez, además de ser funcionario del proyecto especial Chinecas del gobierno regional.
En el 2011, detalla el informe de la Fiscalía, Espinoza Garro llamó al magistrado en tres oportunidades. En el 2012, se registraron 27 llamadas, de las cuales 5 fueron realizadas por el ex fiscal, y el resto provinieron del celular del letrado. Asimismo, en el 2013, Farro Murillo se comunicó con Espinoza en doce oportunidades.
Si bien se desconoce el contenido de las conversaciones, la Procuraduría Anticorrupción no descarta que varias de las llamadas hayan tenido como interlocutores al congresista Benítez o a César Álvarez para solicitar "favores" de la entonces máxima autoridad fiscal del Santa.
Sin embargo, en su defensa Farro Murillo niega haber conversado con ambas autoridades, pero acepta haber recibido las llamadas de su abogado.
"He conversado con él, en su calidad de abogado del señor Benítez. No recuerdo de qué conversamos exactamente. A mí me llama la gobernadora, el policía, el coronel, todo el mundo tenía mi teléfono. Llamaban para quejarse. Inclusive hasta de madrugada me llamaban por cualquier razón", declaró a La República.
LA CENTRALITA
Una de las pruebas que estaría tomando en cuenta la Fiscalía en contra de Farro Murillo sobre su presunta participación para obstaculizar el allanamiento en el local de la Centralita, en Chimbote, han sido las llamadas recibidas el 13 de julio del 2011 del celular del abogado Espinoza Garro mientras se llevaba a cabo la intervención fiscal.
Justamente, la suspensión del ex magistrado, dictaminada el pasado 27 de agosto, se basa en la denuncia de varios fiscales de la región que lo acusan de haber intentado impedir el allanamiento de 'La Centralita' a pedido del ex presidente regional y de los congresistasHeriberto Benítez y Victor Crisólogo.
Farro Murillo niega tal versión, pero reconoce que ese día se comunicó telefónicamente con el fiscal de prevención del delito Carlos Zavaleta con el propósito de preguntarle por qué no atendía la denuncia presentada por Heriberto Benítez cuestionando la intervención en el inmueble de Chimbote, donde él alquilaba un departamento.
Agrega que esto fue a pedido del abogado del congresista, Jorge Espinoza Garro.
"El señor Espinoza llegó hasta mi despacho para hacerme esa consulta y yo solo le transmití su inquietud al fiscal Zavaleta, no fue un intento de intervenir en el caso", sostuvo.
EL NEXO
En opinión de la Procuraduría Anticorrupción, el abogado Espinoza Garro habría sido el "nexo" entre la red criminal de César Álvarez y el Ministerio Público, en ese entonces representado por Dante Farro Murillo.
Y es que han logrado establecer que la relación entre ambos data desde el 2005, cuando el ex magistrado ya se encontraba laborando en la región de Áncash.
Ese año, Espinoza postuló a una plaza de asistente administrativo en el Ministerio Público en donde no quedó seleccionado.
Sin embargo, Farro Murillo propone al entonces brazo legal de César Álvarez como candidato ante la Fiscalía de la Nación para que sea designado como Fiscal Adjunto Provincial Penal. El pedido fue rechazado y se le abrió una investigación en la Fiscalía de Control Interno, que al final fue archivada.
"El señor Álvarez tenía un ejército de abogados; yo no sabía que estaba ligado al señor Álvarez. Yo vi su currículo y me pareció una persona interesante en lo profesional", dijo Dante Farro.
Hasta el momento, estos hechos han sido argumento suficiente para que se dictamine la medida de abstención contra Farro Murillo, que podría recaer en su destitución. El ex magistrado ha impugnado tal disposición.
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