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El pedido del procurador anticorrupción Christian Salas de apartar del expediente Álvarez al fiscal provincial Marco Huamán, materializado ayer mediante un escrito formal, marca un enfrentamiento mayúsculo entre las entidades del Estado encargadas del principal caso de corrupción en el país. Salas también plantea investigar a Gustavo Quiroz, jefe de Huamán, el fiscal superior que coordina a las oficinas supraprovinciales.
Los motivos no pueden ser más preocupantes. Los resumiría la afirmación de que el Ministerio Público actúa con una dejadez rayana en deliberada tolerancia con los imputados. La Procuraduría propone que su pedido tenga un tratamiento especial, por cuanto el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, y su antecesor y miembro de la Junta de Fiscales Supremos, José Antonio Peláez, están investigados por supuesta conducta irregular en relación con los sucesos de Áncash. Podrían, llegado el caso, influir en las indagaciones que ahora se solicitan.
A ORELLANA NO
La Procuraduría Anticorrupción depende del ministro de Justicia, Daniel Figallo, pero conforme a ley no recibe órdenes políticas del Poder Ejecutivo para actuar en un sentido determinado durante la defensa jurídica del Estado. El documento que pide el apartamiento de Huamán lo acusa precisamente de haberse reunido en forma indebida con Figallo, llevado por Quiroz.
Durante la visita se habría quejado de la acción de la Procuraduría bajo el supuesto de que dañaba la imagen del Ministerio Público y no coordinaba con los fiscales. El propio Huamán informó a Ideeleradio del contenido de esta entrevista, efectuada el 17 de julio pasado, de modo que hay pruebas de la acusación.
Estaba presente la fiscal Rosario López, coordinadora de la Unidad de Protección a Testigos, cuya actuación había sido puesta en tela de juicio por la Procuraduría en relación con el tratamiento recibido por un colaborador eficaz.
Pero las controversias más importantes van por otro lado. Se relacionan con la forma en que el Ministerio Público y la Procuraduría encaran las investigaciones de la corrupción en Áncash, que tienen su punto de partida en lo que ocurrió en La Centralita, donde supuestamente se habrían concertado pagos ilícitos a cambio del otorgamiento de obras públicas del Gobierno Regional de Áncash.
Acaso el más grave señalamiento de la Procuraduría es que Huamán abdicó de su obligación de investigar al prófugo empresarioRodolfo Orellana, señalado por un testigo como quien proporcionaba contenidos de interceptaciones telefónicas realizadas a opositores políticos de Álvarez.
Un documento oficial de la policía, conocido como Plan Lorito e ingresado al expediente, proporciona información en el mismo sentido. Es presumible que Orellana era parte de la red delictiva, pese a lo cual Huamán se negó a investigarlo, aduciendo que los delitos de asociación ilícita e interceptación telefónica no son asuntos de su competencia.
LLAMADA INDISCRETA
En vez de ello, Huamán derivó extractos de los actuados referidos a Orellana a la Fiscalía de Crimen Organizado. Esta se los devolvió, porque era Huamán quien debía investigar. El fiscal, entonces, le pasó la pelota a la Fiscalía Superior Coordinadora“para los fines que estime convenientes”. Su comportamiento con el pedido de levantamiento de inmunidad al congresista Heriberto Benítez tampoco fue diligente, de acuerdo con los cargos que le hace la Procuraduría.
Recién lo hizo el 10 de julio, dos meses después de tener los indicios que lo justificaban, y el documento le fue devuelto por presentar defectos. Benítez aún deberá ser desaforado luego de que la Corte Suprema adopte una decisión ante el pedido ya formulado de un juez. Es muy posible que haya petición al Congreso, que se tomará su tiempo para decidir. No queda mucho más para indagaciones, pues el plazo ordinario para la investigación preparatoria vence el 30 de octubre.
Existe una conversación telefónica sostenida por Huamán con la procuradora adjuntaJenny Vilcatoma que ella ha informado oficialmente. De acuerdo con el reporte, el fiscal la llamó para decirle que durante la reunión con el ministro Figallo le había expuesto las “debilidades del caso”, y que un abogado litigante de los investigados podría hacerse millonario planteando hábeas corpus, es decir pedidos de garantía contra detenciones.
Si hubiera una grabación de lo dicho, tendríamos una demostración palmaria de la fe que tiene el Ministerio Público en su investigación. No sorprende, porque no hay avances. Y no hay avances porque la fiscalía no realizó prácticamente ninguna diligencia para demostrar pagos ilícitos por obras públicas.
Es otro punto de controversia con la Procuraduría, que inútilmente ha venido solicitando a Huamán que incaute documentos en las oficinas del Gobierno Regional. El fiscal sostiene en privado que estos pedidos son estrafalarios. El resultado es perturbador: hasta el momento no hay un solo documento que demuestre que Álvarez ha tomado dinero de su administración.
PRUEBAS CON FIRMA
Pero la Procuraduría ya obtuvo evidencia documental de la modalidad en que funcionaba la sustracción de fondos. Existen comprometedoras resoluciones del presidente regional autorizando irregulares desvíos de fondos. Luego de que una obra era licitada y el contrato de adjudicación suscrito, Álvarez rebajaba sustantivamente el monto aprobado y lo transfería a un nuevo proyecto.
Esta segunda obra era licitada, adjudicada, y sufría un recorte presupuestal para hacer una tercera. Y así sucesivamente. El resultado fue numerosos proyectos desfinanciados y una bolsa muy grande de dinero para uso libre de la administración regional.
Todo con la firma de Álvarez. Los documentos que demuestran su incriminación deben ingresar al expediente en las próximas semanas. El caso emblemático es el hospital La Caleta, nunca construido, cuyo presupuesto de 177 millones de soles, bajó a 59 millones, y terminó en siete mil. El único gasto, un viaje de inspección, exhibe facturas adulteradas.
Mientras tanto subsiste el conflicto de intereses que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) debe resolver, referido a razonables pedidos de abstención, mientras duren sus respectivas investigaciones, de los fiscales supremos Carlos Ramos y José Antonio Peláez, el primero a cargo del Ministerio Público.
Estos pedidos, que proceden de la sociedad civil de Chimbote, del congresista Modesto Julca y del Instituto de Defensa Legal, entre otros, crecerán como la espuma conforme la situación se siga congestionando, lo que parece inevitable.
El CNM, en buena medida culpable de lo que ocurre en el Ministerio Público, está entrampado por conflictos de distinta índole, que impedirían actuar en el caso a la mayoría de sus integrantes.
Por otra parte, ¿qué hará Ramos con la solicitud de la Procuraduría para excluir a Marco Huamán? Christian Salas arguye que debe resolverla un magistrado distinto al fiscal supremo coordinador de fiscales supraprovinciales, Gustavo Quiroz, a quien precisamente ha pedido investigar.
Le atribuye haber llevado a Huamán a entrevistarse indebidamente con Figallo y la inobservancia de procedimientos regulares para trasladar a Lima el caso La Centralita. En algún momento quiso romper una puerta para llevarse el expediente. Desde luego, el Ministerio Público puede denegar estos requerimientos. Hasta quizá tengamos noticia de una segunda cita con un ministro de Estado.
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