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Promulgada la nueva Ley Universitaria, la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) se debería alistar para su cierre, al ser reemplazada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu), pero en el edificio de la tercera cuadra de la calle Aldabas, en Surco, otro es el panorama.
Lejos de resignarse a su eventual cierre, el cual debería suceder 90 días después de la instalación del grupo de trabajo encargado de su desactivación, las cabezas del todavía ente universitario recurre a la misma ley aprobada para impedir su cierre.
Es así que la misma ANR maneja hasta dos caminos para continuar operando en el sistema universitario del país.
A LA ESPERA DE UNA RESOLUCIÓN
La primera de estas opciones es la vía judicial y constitucional. Diferentes acciones de inconstitucionalidad han sido presentadas ante el Tribunal Constitucional por diferentes sectores, desde congresistas hasta organizaciones, ninguna de estas por la ANR. Sin embargo, la institución en mención aguarda que el colegiado declare la inconstitucionalidad de la ley promulgada.
Además, de esta vía, también ha presentado una acción popular contra la conformación del grupo de trabajo que desactivará su institución. La Ley Universitaria daba un plazo de diez días al Ministerio de Educación, luego de promulgarse la ley, para que conforme este grupo.
Mediante resolución ministerial Nº 349-2014-MINEDU, recién al día 20 se conformó el grupo con el viceministro de Gestión Pedagógica, Flavio Figallo; la representante de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Graciela Porras Gabriel; y uno de la ANR.
Al incumplirse con este plazo, la ANR se negó a ser parte de este grupo y recurrió al Poder Judicial, en donde la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Lima se encarga del caso.
Si la justicia le da la razón, aún no podrían transcurrir los 90 días de plazo que señala la Ley Universitaria para el cierre definitivo de esta institución.
Para el asesor legal de la ANR, Marco Antonio Luna Ríos, este plazo de 90 días que se dispone en la ley aún no transcurre, porque no se ha conformado correctamente el grupo de trabajo encargada de la desactivación.
EL CAMBIO DE NOMBRE
Por increíble que parezca, la aprobada Ley Universitaria da pie a que las mismas autoridades de la ANR, en un eventual cierre, se junten de nuevo para conformar una nueva asociación de rectores.
Dentro de sus funciones, la ANR elige a representantes de diferentes órganos colegiados, siendo los más importantes los que selecciona para el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Además de estas dos instituciones, figuran otras 26, entre ellas se encuentran la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y la Oficina Descentralizada de Control de la Magistratura (Odecma).
Al crearse la Sunedu, esta responsabilidad no recaería en la nueva institución, según la nueva Ley Universitaria, sino más bien las mismas universidades públicas y privadas reunirían a sus representados para definir a los seleccionados.
La octava disposición complementaria final de la ley aprobada señala lo siguiente:
Precisase que toda referencia efectuada a la ANR para que designe o proponga representantes ante órganos colegiados, según la legislación vigente, deberá entenderse realizada a los rectores de las universidades públicas y privadas, los que para tal efecto podrán constituir la Asociación respectiva.
Tomando como referencia que el texto mismo indica que los rectores pueden reunirse para formar esta asociación, Electo Cruzado, representante legal de la ANR, aseguró que el otro camino para ellos es volver a formar un grupo pero con otro nombre.
En declaraciones a LaRepublica.pe, Cruzado Medina señaló que un nombre tentativo sería Asociación Nacional de Rectores, conservando las siglas de ANR.
Además de la elección de estas autoridades, una función de esta nueva institución sería la coordinación ínteruniversitaria.
El representante legal señaló que la nueva Ley Universitaria deja en el vacío diversas funciones de la ANR, como lo es la coordinación entre las casas de estudio, no solo para elegir representantes, sino también para definir un esquema de trabajo del sistema universitario del país.
Esta Asociación Nacional de Rectores no funcionaría con recursos públicos, sino con dinero de las propias universidades y recursos propios, al estar fuera del Presupuesto General de la República del 2015.
Para Luna Ríos, dinero por parte del Estado no es lo que interesa. “Plata es lo que menos queremos del Gobierno”, señaló, tras recordar que el presupuesto asignado por el Ejecutivo es de solo 5 millones de nuevos soles.
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