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Las hojas de vida no son confiables. Ante la aparición de varios casos de candidatos que no consignaron la información obligatoria de si habían sido sentenciados por algún tipo de delito o no, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió requerir a los Jurados Electorales Especiales (JEE) de todo el país que revisaran las hojas de vida y verificaran los datos.
Como resultado de la búsqueda, los JEE emitieron reportes que en conjunto arrojaron los siguientes resultados: 345 ciudadanos sentenciados por el Poder Judicial consiguieron inscribirse como candidatos para las elecciones del 5 de octubre.
De ese número, solo 73 declararon en sus hojas de vida que sí habían recibido algún tipo de sentencia judicial condenatoria. El resto, 298, ocultó la información. Esto significa que solo el 21% registró datos verdaderos. La mayoría mintió.
El JNE informó que revisa cada uno de los casos para establecer quiénes serán excluidos de la carrera electoral, hayan declarado su condición de sentenciados o no.
Hasta una semana antes de la votación, el JNE los puede retirar de la competencia regional o municipal.
Los reportes de los JEE indican que el mayor número de candidatos con sentencias condenatorias pertenece a la región Áncash: 35 no declararon y 5 sí lo hicieron. A continuación, sigue Lima: 34 postulantes sentenciados, de los que 29 ocultaron la información en la hoja de vida. Y en Huánuco, 26 no registraron que estaban condenados, mientras que solo 3 sí lo hicieron. En Cajamarca, de 25 sentenciados 17 no lo consignaron en la hoja de vida.
La búsqueda por partido político también generó información relevante. Alianza para el Progreso (APP) encabeza el mayor número de candidatos con sentencia: 32 de los cuales 30 no lo declararon. Después sigue Acción Popular, con 18 candidatos, de los cuales 15 no declararon. Sigue Somos Perú, con 14 postulantes, de los cuales 12 no informaron de su condición de condenados. Y Fuerza Popular, con 12 sentenciados, 10 de ellos no informaron de su situación legal.
El candidato a la alcaldía distrital de Taricá, Freddy Chinchay Salazar, de Juntos por Huaraz, no ocultó una sino cuatro condenas: por conducir un vehículo en estado etílico, por usurpación agravada, por incumplimiento de obligación alimentaria y por falsificación de documentos. Por el primer caso incluso tenía orden de prisión vigente. Sin embargo, Freddy Chinchay consiguió la proeza de inscribirse como postulante a la alcaldía.
INFORMACIÓN OCULTA
Algo parecido sucedió con el candidato a regidor de Chuschi, Ayacucho, Juan Cayllahua Reyes (Renace Ayacucho), y del candidato a regidor de Huaral, Pompeyo Rivera Flores (Justicia y Capacidad). Cada uno tiene tres sentencias condenatorias. Todas son por incumplimiento de obligación alimentaria.
El JNE también descubrió a dos candidatos a la presidencia regional con sentencia vigente. El primero, Miguel Tapia Bustamante, de Moquegua, y el segundo, Mario Meléndez Condori, de Tacna. Tapia, de Acción Popular, está sentenciado por incumplimiento de obligación alimentaria. Y Condori, del Movimiento Popular Aymara y Quechua, está condenado por protagonizar disturbios.
En el caso de los candidatos a las alcaldías provinciales 11 informaron de su situación de sentenciados y 10 no lo hicieron.
Los que ocultaron la información a los electores son los candidatos César Guerrero Rojas (Utcubamba, Amazonas); Marino Huayta Quispe (Huamanga, Ayacucho); Humberto Espinoza Maguiña (Huaraz, Áncash); Marcial Barboza Gálvez (Chota, Cajamarca); Ricardo Prado García (Huamalíes, Huánuco); Guido Viera Quino (Maranón, Huánuco); José Gálvez Tineo (Chiclayo, Lambayeque); Julio Zavala Gagó (Yauyos, Lima); Miguel Garrido Castro (Talara, Piura); y Álvaro Peralta Turpo (Moho, Puno).
Inclusive el JNE detectó a postulantes a cargos públicos que afrontan sentencias por graves delitos: tres por violación sexual (Benjamín Flores Huaraca, de Ayacucho; Antonio Espinoza Huanca, de Huánuco; y Medardo Hidalgo Lozano, de San Martín).
Dos por parricidio (Ramiro Mamani Hualpa, de Cusco; y Rosa Alméstar Franco, de El Agustino, Lima). Y uno por secuestro: Edwin Condori Moquegua, de Puno.
El corto tiempo para tachar a los candidatos, el pago de 900 soles para presentar un recurso de tacha, limita la posibilidad de que los ciudadanos informen a las autoridades electorales sobre casos de aspirantes de cargos públicos con sentencias judiciales o por qué ocultan información o fraguan datos en sus hojas de vida. Tampoco el JNE cuenta con personal suficiente para verificar toda la información.
VARIOS TODAVÍA SIGUEN EN CARRERA ELECTORAL
Fuentes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informaron que muchos de los candidatos condenados continúan en la justa electoral porque los Jurados Electorales Especiales (JEE) investigan cada uno de los casos.
La ley permite al JNE desaforar del proceso electoral a los candidatos que mienten en sus hojas de vida hasta siete días antes de la votación.
Las fuentes indicaron que la enorme cantidad de candidatos sentenciados que no informan de dicha condición obliga a los partidos políticos y movimientos a imponer mayores rigores en la selección de sus postulantes.
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