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Dicha disposición tiene como objetivo principal precisar documentalmente el nivel de ingresos y gastos de estas personas y las posibles transferencias de dinero que pudieran haber recibido o enviado a terceros.
Además, se busca obtener información que permita descartar o corroborar las declaraciones de testigos y "colaboradores eficaces" que señalan a estas personas como receptores de pagos indebidos realizados por el gobierno regional de Áncash o de ser intermediarios en el cobro de los "diezmos" que realizaban particulares para acceder a los contratos de obras públicas.
Colaboradores
Entre los personajes a los que se les ha levantado el secreto bancario se encuentran Jorge Burgos Guanilo y su hermana Rosa Burgos; las comunicadoras Rosa Olivares de la Cruz y Patricia Cárdenas Ávalos; y el alcalde del Santa, Luis Arroyo Rojas, actualmente en prisión.
Además, se incluye al gerente regional Hernán Molina Trujillo, a Kelly Pineda Bermúdez, Darwin Espinal Adriano, Martín Espinal Reyes y José Luis Carmen Ramos.
También se está buscando información de las propiedades o bienes que pudieran haber adquirido estas personas en los últimos años.
"Estamos reorientando e impulsando un caso que recibimos hace dos meses y medio, pero que se inició en marzo del 2013 en el Santa, y en el que falta recabar mucha información", refirió Huamán.
Cuentas y gastos
El fiscal mencionó el caso de la comunicadora Rosa Olivares, quien habría recibido dinero del gobierno regional para atacar, en un programa de televisión en Chimbote, a los críticos y adversarios de Álvarez.
Asimismo, están detrás de las cuentas y gastos de Jorge Burgos, presunto jefe del aparato de prensa de la organización, y del mayor PNP (r) José Carmen Ramos, jefe de seguridad de Álvarez, conocido como "Látigo" o el "Vladimiro de Áncash".
El fiscal señaló que, con la información que remitan los bancos, es muy probable que se amplíe la lista de investigados, pues estas personas tendrían su dinero a nombre de testaferros o familiares cercanos.
“Vamos a lograr que se condene a Álvarez”
"Estoy convencido de que este trabajo nos va a permitir sustentar una acusación y lograr que se condene a (César) Álvarez y los demás investigados por desfalcar al Estado", aseguró el fiscal Marco Huamán, y afirmó que no tienen ningún problema con el procurador anticorrupción Christian Salas.
Como se recuerda, el procurador cuestionó su labor y afirmó que está colocando obstáculos para no incluir a más involucrados.
Huamán también rechazó haber recibido algún tipo de presión del fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. "A mí me nombró el Consejo Nacional de la Magistratura, estoy aquí para trabajar dentro de la ley y el debido proceso", enfatizó.
Indicó que el expediente tiene más de 60 tomos, que se están digitalizando para facilitar el acceso de las partes. "Algunos quieren copia certificada de todo y eso supone distraer una persona, un abogado que se dedique a fotocopiar, foliar y certificar miles de fojas", anotó.
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