INSÓLITA DENUNCIA REVELA QUE CONSEJERO DELEGADO ES ABOGADO DE TRAFICANTES DE TIERRAS Y LITIGA CONTRA LA REGIÓN LIMA

Vicente Rivera, consejero regional de Cajatambo

¿CONFLICTO DE INTERESES DEBE INVESTIGARSE?. Una reveladora y sorprendente denuncia remece al Consejo regional del gobierno regional de Lima; porque alcanza al recientemente electo Consejero Delegado y Consejero regional por la provincia de Cajatambo, Vicente Sabino Rivera Loarte, y sus peligrosas relaciones profesionales con supuestos traficantes de tierras que buscan apoderarse de terrenos en la provincia de Huarochirí.

La contundente acusación en contra de Rivera Loarte de obrar en favor de presuntos traficantes de tierras de San Juan de Lurigancho, fue realizada por pobladores y dirigentes del Anexo 22 - Jicamarca, distrito de San Antonio, provincia de Huaurochirí, durante la asamblea comunal desarrollada el pasado jueves 22 de enero.

La imputación pública en dicha reunión contra el polémico Consejero Delegado de Lima, fue hecha "en su propia cara" y aprovechando que había llegado a la misma debido al cargo que desempeña desde los primeros días de este mes; además contando con la presencia del presidente regional Nelson Chui Mejía.

LA DENUNCIA

Los pobladores y dirigentes del Anexo 22 - Jicamarca han denunciado al Consejero regional Vicente Rivera, porque como abogado viene patrocinando a unos supuestos traficantes de tierras del distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Según las acusaciones, Rivera Loarte, es abogado de Jorge Velazco Murillo, Dora Flores Rios y Carlos Alberto Gora Oscategui, quienes de la noche a la mañana aparecieron como propietarios de 148.300 Hectáreas adquiridas a la Comunidad Campesina de Jicamarca , por lo que con el patrocinio del electo parlamentario regional, desarrollan una serie de procesos judiciales para sacar a los actuales ocupantes de terrenos localizados en el Valle Anexo 22 del distrito de San Antonio. 

Los pobladores también cuestionaron el actuar del abogado Vicente Rivera, que ayuda a estos presuntos traficantes de tierras a pesar que ya existen titulares que están posesionados en ellas desde hace más de 15 ó 20 años, apoyando juicios en contra de la región Lima.

Ellos consideran que esa actuación se da porque el flamante Consejero Delegado tiene registrado como otro de sus domicilios al predio que se ubica en el Jr. Los Economistas, Mz. A, Lote 20, A.H. El Heraldo-Canto Grande, San Juan de Lurigancho. 

LA TINTERILLADA

Lo que indigna a los pobladores del Anexo 22 - Jicamarca, es que entre los argumentos plateados por los supuestos traficantes de tierras, que defiende el abogado Vicente Rivera, es que los terrenos que reclaman judicialmente están ubicados en Quebrada Canto Grande, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima Metropolitana, y no en el distrito de San Antonio, provincia de Huarochirí, región Lima. 

"Qué hace este Consejero defendiendo a esta gavilla de fascinerosos que no respetan terrenos del Anexo 22- Jicamarca como pertenecientes al distrito de San Antonio", se preguntaron los pobladores del Anexo 22 - Jicamarca.

"Qué autoridad moral tiene este sujeto para hablar sobre nuestra Región si patrocina a quienes violentan territorio de la región Lima", acotaron.

"Debemos permitir que siga ejerciendo el cargo de Consejero Delegado, cuando en San Antonio desconoce un terreno que pertenece a la provincia de Huarochirí y se lo pasa alegremente en su defensa al distrito limeño de San Juan de Lurigancho", cuestionaron. 

"PRUEBAS AL CANTO"

Los pobladores presentaron como pruebas de sus acusaciones, la presentación de los expedientes judiciales como el Nº 1765-2014, en la materia de reivindicación de bien inmueble, ante el Segundo Juzgado Civil de San Juan de Lurigancho, realizado el 3 de noviembre de 2014.

Lo que más llamó la atención de estas acusaciones, es que el pedido judicial en favor de los presuntos traficantes de tierras, fue realizado después de las elecciones regionales del 5 de octubre, cuando ya se sabía que era Consejero por la provincia de Cajatambo. 

Con está situación, se crean muchos conflictos de intereses alrededor de la autoridad regional por Cajatambo y que lesionan lo que estipula la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que "Los Consejeros Regionales no pueden intervenir a favor de terceros en causas pendientes con el Gobierno Regional".