Por Econ. Víctor Alvino Guembes
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Los costos de un crecimiento menos contaminante, de una mano de obra más cara, de condiciones de trabajo más decentes, son relativamente altos y pueden refrenar fuertemente el crecimiento en China.
Hoy el crecimiento económico nos cuestiona de nuevo. Las economías emergentes, como la peruana, se enfrentan a numerosos obstáculos para su crecimiento continuo. El crecimiento se desacelera más o menos fuertemente en Asia. La amenaza de una «trampa de ingresos medios» (middle income trap) se vuelve cada vez más preocupante.
Ya no parece posible seguir los mismos caminos que han permitido un fuerte crecimiento en las últimas décadas sin que haya cambios profundos. En Asia, y particularmente en China, los estragos que provoca la contaminación son reconocidos hoy incluso por las propias autoridades, ya sea respecto de la degradación de la calidad del aire, la contaminación del agua, la manipulación de materiales peligrosos y el consumo de productos que no cumplen con las exigencias mínimas de seguridad, o respecto de los costos económicos que implica.
Las condiciones de trabajo y los salarios, principalmente de los 260 millones de mingongs , distan de ser decentes y surgen presiones para que sus derechos básicos sean reconocidos, así como los de los campesinos desposeídos. Estas presiones se han traducido en un aumento de los salarios superior al de la productividad, un incremento en el costo de la mano de obra tal que muchas de las empresas compradoras prefieren hacer sus pedidos a países con mano de obra más barata y donde existen mayores posibilidades de imponer legalmente condiciones de trabajo peligrosas para los seres humanos.
Vietnam, la India, etc., se convierten en los países que acogen esta relocalización de la manufactura de productos de fabricación relativamente simple y que requieren mucha mano de obra por unidad de capital. En la industria de la confección, por ejemplo, Bangladesh es el nuevo taller del mundo.
Los salarios son muy bajos, la precariedad, muy grande. La «gestión libre de la fuerza de trabajo», es decir, sin limitación proveniente de la aplicación de la legislación laboral que protege mínimamente a los empleados, da lugar a una proliferación masiva de «accidentes de trabajo». Las empresas multinacionales, de las que dependen las empresas nacionales, intentan aprovecharse de estas situaciones mediante la reubicación de parte de su producción.
No se trata solo de costos diferentes, sino también, y sobre todo, de dar un rodeo, a menudo legal, a las leyes y reglamentaciones nacionales, tanto sobre las condiciones de trabajo como sobre la protección de la naturaleza y de los hombres. La «gestión libre de la fuerza de trabajo» y de la naturaleza constituye un poderoso imán que permite evitar tener que pagar por una «gestión socializada», a la vez de los seres humanos y de la naturaleza, que se rige por las leyes nacionales de los países de origen de estas empresas.
Los costos de un crecimiento económico menos contaminante, de una mano de obra más cara, de condiciones de trabajo más decentes, son relativamente altos y pueden refrenar fuertemente el crecimiento en China. Ahora bien, un crecimiento sostenido es indicador de la eficacia de la política del gobierno de Beijing y, por lo tanto, tiende a legitimar la continuidad del régimen autoritario.
Como vimos anteriormente, se trata de una condición necesaria pero no suficiente. A las dificultades políticas provocadas por una pérdida de eficacia del gobierno se suman otros factores producidos por el crecimiento elevado. Esto exige el desarrollo, es decir, la superación de los obstáculos estructurales que el propio crecimiento produce, sin el cual este disminuiría aún más.
De hecho, el crecimiento económico y la mejora diferenciada de los niveles de vida generan también, a la vez, una demanda de democracia que va al encuentro de los modos de dominación del Partido Comunista Chino (pcch) sobre la sociedad y que no pueden disimularse detrás de las filosofías taoístas o budistas que podrían negar estas evoluciones con el argumento de que la cultura no prioriza al individuo sino lo colectivo.
La búsqueda de intervenciones autónomas confluye con las luchas espontáneas de los trabajadores y de los campesinos. El desarrollo sostenible impone un cambio en las relaciones del ser humano con la naturaleza y en las relaciones entre los individuos en pos de una sociedad más democrática e inclusiva.
En Latinoamérica, el crecimiento económico es frágil y se verifica la desindustrialización. A pesar de algunos avances, el crecimiento económico latinoamericano sigue siendo excluyente. El nivel de desigualdad de los ingresos se sitúa a un nivel aún muy alto, y aunque haya habido una mejora en los estándares de vida de los estratos más bajos y modestos y una ligera disminución de estas desigualdades en los últimos años, el enriquecimiento del 1% más rico de la población no cesa de crecer, tal como se observa en los países desarrollados.
Sin embargo, el reconocimiento de los derechos de las poblaciones indígenas, siempre negados, adquiere una cierta legitimidad, aunque tales derechos permanecen poco aplicados, en la práctica, en virtud de la reprimarización a marcha forzada de la mayoría de las economías latinoamericanas. Para caracterizar esta nueva etapa, siguiendo el trabajo pionero de Maristella Svampa, se ha utilizado la expresión «Consenso de los Commodities», que habría sucedido al de Washington.
Graves problemas ambientales, resultantes de esta reprimarización, perjudican especialmente a las poblaciones indígenas. Los derechos sobre sus tierras, que al fin habían sido reconocidos legalmente, les son negados nuevamente en la práctica. Sus habitantes se ven afectados por numerosas enfermedades provocadas por la contaminación.
Muchos de ellos deben de facto someterse a los imperativos de la reprimarización en nombre del progreso social que los ingresos de la exportación podrían proporcionar para financiar el gasto en salud, educación, vivienda… Sin embargo, la reprimarización de las economías causa daños al medio ambiente cada vez menos controlables y la expulsión de numerosos indígenas de sus tierras ancestrales, así como de los pequeños agricultores que se enfrentan al poder de las multinacionales y deben abandonar sus campos.
Como la pobreza llama a más pobreza, gran parte de estos migrantes se refugian en los barrios más pobres (bidonvilles) y, una vez en la informalidad, terminan conociendo la miseria urbana. De este modo, el gran sueño de una sociedad más inclusiva se disipa. La protección social está lejos de cubrir a todos los ciudadanos y, si bien el discurso político y las leyes aprobadas son de carácter universalista, su aplicación sigue siendo parcial o sesgada.
El gasto social crece rápidamente en algunos países, en otros lo hace con más lentitud, pero cualquiera sea el ritmo de su aumento, se mantiene en un nivel muy por debajo de las necesidades, tanto desde el punto de vista de la salud como de la educación. A diferencia del siglo XIX y de principios del XX, la reprimarización constituye, para los gobiernos «desarrollistas», un medio para conseguir recursos que permitan financiar parte de la política social. El «imperativo social» evocado pasa por la negación de la cuestión social presente, como si un futuro encantador impusiera un presente desencantado.
Al igual que en aquellas épocas, en las que solo podía existir la economía de exportación de materias primas, con la industrialización frenada por la oposición de los poderes dominantes, la actual primarización refuerza el peso de los sectores rentistas. Las técnicas de producción son sofisticadas tanto en la agricultura (mediante organismos genéticamente modificados, ogm) como en la minería.
La acumulación de capital en los sectores vinculados a las materias primas es resultado de la combinación de las rentas de la tierra, cuya valorización depende poco o nada del trabajo, y de los beneficios propios del capitalismo.
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