NEO TERRORISMO

El asesinato de Carlos Burgos Gonzales, hijo del alcalde de San Juan de Lurigancho, nos conmueve pero también nos alerta de que la delincuencia se ha convertido en el neo-terrorismo del siglo XXI, ante el cual vemos cómo se repite la historia trágica de los 80’, cuando Sendero Luminoso se extendió a todo el país como una metástasis debido a la incapacidad del estado para entender y enfrentar el problema.

Igual que Sendero en aquellos años, la delincuencia organizada asesina todos los días a alguien y también extorsiona o soborna a policías, fiscales y jueces para conseguir impunidad. Igual que entonces, los ciudadanos salimos hoy a las calles sin saber si al final del día nuestros hijos o nosotros regresaremos sanos y salvos a casa.

Estamos llenos de diagnósticos del problema -igual que en los 80 de “estudios” sobre el terrorismo- pero ni el Ejecutivo, ni el Congreso, ni el Poder Judicial, ni el Ministerio Público; ni la oposición asumen su responsabilidad de proteger a los ciudadanos. El presidente Ollanta Humala pasó de ser la gran esperanza a ser la gran decepción en este tema.

Igual que en los 80’, nadie quiere tomar al toro por las astas. Todos sabemos que la delincuencia campea porque la policía, la fiscalía, la justicia y el Inpe están corrompidos desde la raíz, pero nadie hace nada por atacar el mal. Sabemos que la solución es refundar esas instituciones, pero nadie se atreve a hacerlo.

A diario la policía monta falsos “operativos” para robarles a los automovilistas. A diario ladronzuelos y vendedores de droga dejan “regalos” en las comisarías a cambio de no ser “molestados”. A diario fiscales y jueces corruptos sueltan hampones sin que “Control Interno” lo impida; éste solo actúa cuando el caso es mediático. Y encima los magistrados supremos se ofenden y rasgan sus vestiduras cuando alguien señala la podredumbre en que gobiernan.

Jamás ganaremos la guerra contra la delincuencia sino emprendemos una reforma constitucional que quiebre el statu quo actual creando una nueva policía sujeta al poder municipal en materia de seguridad ciudadana, liquidando el Inpe y reestructurando el sistema de justicia. El Poder Judicial y el Ministerio Público han tenido 14 años para reformarse y no lo han hecho, ni lo harán.

El verdadero culpable de la inseguridad actual es el Estado corrupto que le da impunidad al hampa, que es cómplice cotidiano de aquella. El desafío es construir un nuevo un estado que proteja al ciudadano y que sea intransigente con la corrupción y la delincuencia.

Nuestra clase política ha sido hasta ahora incapaz de hacerlo, pero no perdamos las esperanzas de que alguien recoja el desafío. Si fuimos capaces de vencer al terrorismo, podemos ser capaces de vencer al hampa.

(Victor Robles Sosa)