Una mezcla maldita entre extrema pobreza, tráfico de tierras y sicariato ocasiona las 16 000 hectáreas del centro poblado de Anexo 22 - Pampa Canto Grande - Jicamarca, distrito de San Antonio, provincia de Huarochirí, región Lima, aunque actualmente afronta problemas ventajosas de límites con los distritos metropolitanos que aspiran quedarse con dichos predios.
En "oro en polvo" se han convertido estas tierras, donde un lote llega a costar hasta 200 dólares; considerando que los habitantes de está jurisdicción llegan a unos 150 mil, debemos imaginarnos lo rentable que es este negocio para los traficantes, es lo que nos deja entrever el alcalde de Jicamarca, Juan Santisteban Mostacero.
"En el tráfico de tierras, hay bandas organizadas que inclusive comete crímenes, como el caso del asesinato del hijos del alcalde de San Juan de Lurigancho, Cargos Burgos; que dicho sea de paso, no es el único caso en la zona, ha habido muchos casos en que han matado por la posesión de las tierras", remarcó la autoridad edil de centro poblado.
Todo esto se da, porque el problema fundamental del Anexo 22 es que las viviendas no tienen Título de propiedad, en toda su extensión, es decir al cien por ciento, en toda la extensión de sus 16 000 hectáreas; donde los pobladores solo tienen posesión y no titulación.
"Nadie tiene título ahí, por eso es preocupación tanto de los alcaldes trabajar con el Estado, para buscar la titulación de estos pobladores, pero en muchos de los casos se hace muy difícil, porque la ley 29320, no es una norma precisa, no nos ayuda porque es un poco ambigua", mencionó Santisteban Mostacero.
"COFOPRI o el Estado utilice la Ley 29320 y expropie las tierras que están en posesión de los pueblos, en razón que tenemos más de diez años de posesión, muchos tenemos 20 a 25 años de posesión, otros hasta 40 años", finalizó el alcalde Santisteban como alternativa de solución al grave problema en está zona conflictiva y de extrema pobreza.
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