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Pese a la amenaza de una "batalla legal" de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), el ministro de Educación afirma que la implementación de la Ley Universitaria seguirá su curso. Anuncia que las universidades con autorización provisional serán las primeras en ser supervisadas por la nueva Superintendencia.
El presidente de la ANR, Orlando Velásquez, dice que la Ley Universitaria es chavista, prosenderista y un engendro monstruoso.
Nunca ha habido una reforma universitaria en la que todas las universidades han estado de acuerdo, eso es imposible. Es natural que se den estas reacciones a una ley que busca cambiar las cosas.
¿Está afectando intereses?
Habrá grupos que van a modificar la manera cómo han estado trabajando. Va a generar nuevas exigencias. Se afecta los intereses de todos los peruanos. Nos moveremos a un sistema universitario que asegure estándares básicos para todos. Lo más importante es el impacto en la vida de un joven.
¿Qué va a responder el Ejecutivo cuando la ANR pida formalmente que no se promulgue la ley?
Como Ejecutivo trabajamos con el equipo del congresista Daniel Mora. En los próximos días la ley se va a promulgar, luego se implementará y vendrá la mejora de la educación.
Los rectores anuncian una "batalla legal" con acciones de amparo de 68 universidades. ¿Cómo actuará el gobierno?
Todo ciudadano tiene el derecho de interponer una acción de amparo.
Pero si se declara consentida una de ellas, ¿no se trabaría la aplicación de la ley?
Esperemos que no haya trabas mayores. Al momento de trabajar la ley se hizo un análisis de constitucionalidad de la norma por parte del Ministerio de Justicia, por eso no debería haber problema.
¿Cuánto tiempo demoraría la implementación de la ley?
Hay varias cosas que hacer luego de la aprobación de la ley. Se tiene que crear un reglamento de operación y funciones de la Superintendencia (Sunedu); hay un trabajo con la ANR para saber cuáles son las funciones que pasa a la Sunedu, al ministerio. Luego el establecimiento de los estándares básicos de calidad e indicadores para el licenciamiento. En ese proceso va a requerir una serie de reglamentaciones.
¿Al final del año se tendría todo reglamentado?
Sí, tendría que ser en los próximos seis meses. Hay una ruta establecida por la ley.
¿Cómo se va a trabajar con las universidades si ellos han anunciado una "batalla legal"?
Se establecerán lazos con los que quieran avanzar en un proceso de mejora de calidad.
¿Pese a que las acciones legales traben la implementación?
Hay que seguir con el cumplimiento de la ley. Yo recibo un mandato del Congreso y lo implemento.
¿El mayor cuestionamiento es la Superintendencia, pues sería manejada por su ministerio como un arma del gobierno?
Cualquier institución pública mal dirigida puede ser usada como un instrumento político. Si se pone a la gente incorrecta en la Superintendencia puede ser manejada políticamente. La ley tiene unos candados.
¿Cuáles son esos candados para darle autonomía?
Su consejo directivo tiene dos representantes del Ejecutivo, uno de los cuales es el superintendente nombrado por el ministerio, y cinco miembros nombrados por concurso público, y que, muchos, van a pertenecer al ámbito universitario.
¿No hubiese sido mejor que el superintendente se elija entre los miembros del consejo?
No, eso hubiese sido un error, pues el superintendente tiene un trabajo a tiempo completo.
¿El superintendente tendría una autonomía como la de un presidente del Banco Central de Reserva?
Las decisiones críticas de la Superintendencia, que se refieren a otorgar licencias a una carrera o suspender su funcionamiento, las toma ese colectivo, las siete personas, de las cuales el superintendente es un voto de los siete. El superintendente no es todopoderoso. Solo dos votos son del Ejecutivo.
¿Cómo se elegirá a los dos representantes de las universidades?
Por concurso público. Los otros candados de la ley es que la renovación de estas cinco personas será de manera escalonada, de tal manera que en ningún momento algún gobierno podrá cambiar a las cinco personas. Además, pasarán un filtro del Consejo Nacional de Educación. Así se evitará la manipulación política.
¿En qué plazo funcionaría la Superintendencia?
La ley establece noventa días una vez promulgada la ley.
¿Qué pasará con el Sineace, que actualmente maneja la acreditación de carreras?
Se declarará en reorganización y el ministerio conformará un consejo directivo ad hoc para reformar todo el sistema nacional de acreditación de la educación superior.
¿Por qué la ley no propone la acreditación obligatoria para todas las carreras?
Es un sistema de dos etapas, una obligatoriedad de tener una licencia para un estándar básico; la otra etapa es que al interior de las universidades haya diferencias de calidad. Los procesos de acreditación son complejos, que pueden ser a nivel de toda la universidad o de carreras. Queremos dar incentivos para que más universidades entren a ese proceso. No queríamos que sea obligatoria.
¿Cerrarán las universidades que no pasen los filtros de la Superintendencia?
En la primera etapa se trabajará con las universidades que tienen autorizaciones provisionales (53). Lo ideal es que las universidades se adecúen. La intención no es cerrarlas.
¿Cuál será el plazo?
Eso lo deberá definir la Superintendencia. Tienen que ser cosas realistas. Si se pide planes curriculares, será rápido, pero si no tiene infraestructura se le pedirá un año.
El congresista Mora decía que unas cuarenta saldrían del mercado.
Si se aplicaba a rajatabla ahora sí, pero no vamos a hacer algo así. Los estándares se aplicarán de manera realista. Si no se cumple en el plazo establecido se tendría que cerrar una carrera, no toda la Universidad, y se tendrá mecanismos de traspaso de sus estudiantes.
¿Cómo evitar que se abran maestrías sin rigurosidad solo para cumplir con los requisitos de ley?
El solo hecho de poner mayores requisitos en cuanto a grados no asegura la calidad. Esta ley es un elemento más. En las próximas semanas se va a sacar la primera versión de una política nacional de educación superior.
La ley fomenta la investigación docente, pero no hay recursos.
No hay duda de que ahí tenemos que invertir más. A las universidades públicas se les tiene que premiar con presupuesto en función de su éxito por gestión o acreditación.
¿Y en el caso de las privadas?
La ley faculta otorgar beneficios tributarios diferenciados.
¿Habrá una nueva ley para los institutos tecnológicos?
Habrá una nueva ley. Ese mercado estaba sobrerregulado, y debe ser eficaz y moderno.
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