La extorsión por parte de los supuestos sindicatos de construcción civil es un costo aceptado por las pequeñas empresas, las grandes compañías constructoras e incluso por el ciudadano común.
Quizás la violencia que azota a Lima no difiera en nada del fenómeno de inseguridad que se enquistó en el resto del país; pero la diferencia está en que, en este caso, y gracias a una investigación que realiza la Policía, se sabe con pelos y señales el reto al que se enfrentan con estas bandas, la manera escandalosa como operan, el poder que ostentan y el terror que imparten.
Gracias a interceptaciones telefónicas, testimonios de víctimas y manifestaciones de detenidos hoy la División de Protección de Obras Civiles (Diproc) cuenta con un grueso expediente, que revela que estos delincuentes ordenan y planean crímenes, controlan el negocio del boom inmobiliario y detallan extorsiones.
CÓDIGO DE PROTECCIÓN
La mayoría de esas pruebas son tan contundentes y escalofriantes que a los criminales no les queda otra que aceptar los cargos. Pese a ello, sin embargo, muchos han sido liberados por fiscales y jueces corruptos.
"Conozco ingenieros y maestros de obras que han sido extorsionados y la cifra varía de acuerdo con el genio del jefe de la banda, y el que no paga se va o lo matan", dijo un empresario que pidió reserva de su nombre. Refirió que el año pasado le enviaron a su casa una carta con una bala.
“Los denunciantes deberíamos tener un código de protección para poder acusar sin temor a estos criminales. En mi caso tengo que salir con agentes de seguridad y a mis hijos los he tenido que enviar a estudiar a provincia”, explicó.
DEL 2 AL 5% DE LA OBRA
El coronel José Saavedra Ballón, jefe de la Diproc, señala que los 'dirigentes' de estos ‘gremios’ cobran cupos para no interrumpir el avance de las construcciones a cambio de un pago que oscila entre el 2 y 5% del costo de la obra en total.
Para marcar su ‘territorio’ y no permitir que otro grupo ataque la misma obra, los delincuentes pegan papeles firmados por las víctimas y los cabecillas en la fachada. De hacer caso omiso a la advertencia, les declaran la guerra.
En muchos casos esta práctica es facilitada por policías corruptos de comisarías que cobran dinero a cambio de protección y colaboran con los mafiosos.
NEGOCIO ACEPTADO
Los extorsionadores pueden cobrar hasta 170 mil dólares por la seguridad en la zona de construcción, o entre 15 y 17 mil dólares al mes.
Cuando los dueños de grandes obras buscan protección policial, les cobran 60 dólares por efectivo pero esto sirve de poco porque los extorsionadores les pueden pagar hasta 1,500 dólares para que no intervengan.
El coronel Saavedra afirma que la Policía se encuentra realizando un mayor control en las obras de construcción en la capital, sin embargo, es una promesa que para los empresarios suena utópica.
“En San Isidro, las autoridades municipales están obligando a implementar cámaras de seguridad en las obras. Es un ejemplo a imitar para poder identificar a los extorsionadores”, señala.
121 BANDAS CRIMINALES
Según el oficial, gracias al trabajo de Inteligencia que realiza la Policía los cabecillas de estas bandas ya fueron identificados en diferentes penales.
Señala que desde el 2010 al 14 de julio de este año, la Diproc ha desarticulado 121 bandas criminales dedicadas al cobro de cupos en el rubro de la construcción.
"Se ha capturado a 104 requisitoriados, hemos intervenido en 1,986 delitos flagrantes y confiscado 103 armas de fuego", sostiene a La República.
Dice que "le estamos pisando los talones a esos seudo dirigentes que trafican en Chilca, Mala y Asia. Esperemos que la fiscalía y el Poder Judicial actúen sin temor y les apliquen todo el peso de la ley".
LIGADO AL TRÁFICO DE TERRENOS
El general (r) PNP Víctor Gandolfo, asesor de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), advirtió que algunas municipalidades entregan a los extorsionadores información sobre los proyectos inmobiliarios.
“Su acción se extiende también al sector comercio. Por ello, debemos hacer que las autoridades entiendan la necesidad de combatir este grave problema que crece en la capital”, alertó.
El delito de extorsión está íntimamente ligado al tráfico de tierras.
Fuente: La República
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