Las 63 universidades (44 privadas y 19 públicas) que vienen funcionando con autorización provisional deberán ser evaluadas nuevamente con la entrada en vigencia de la Ley Universitaria, la cual fue publicada ayer. Así lo señaló el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Daniel Mora, quien indicó que el proceso de evaluación de calidad deberá ser gradual.
El congresista dijo que si bien la nueva Ley Universitaria no provocará el cierre inmediato de universidades que no cumplen con estándares mínimos, será irremediable que algunas tengan que dejar de funcionar si no pasan las evaluaciones.
"De no cumplirse los estándares, supongo que se les darán los plazos adecuados para que puedan reunir esos requisitos, que va a demandar inversión tanto en universidades públicas y privadas. Hay públicas que están en pésimo estado. Una de ellas es la Universidad de Jaén (Cajamarca), que funciona en un centro comercial", refirió.
La evaluación de las universidades estará a cargo de la nueva Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), la que reemplazará las funciones que actualmente tiene la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).
CESAN LAS ASAMBLEAS
La ley publicada ayer ordena el cese de la Asamblea Universitaria de las casas de estudio públicas, y suspende todos los procesos de nombramiento, ascenso y ratificación del personal docente y no docente hasta que asuman las nuevas autoridades.
Dentro del proceso de implementación de la nueva ley también se declaró en reorganización el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), el órgano especializado en garantizar la calidad educativa.
Una vez conocida la vigencia de esta ley, el ex ministro de Educación Nicolás Lynch la saludó, pues manifestó que ayudará a superar las deficiencias educativas.
"Creo que esta ley atiende lo que he llamado muchas veces la estafa universitaria. Tenemos en este momento 137 universidades, cerca de un millón de estudiantes universitarios, y la abrumadora mayoría de las universidades son de pésima calidad, tanto públicas como privadas", afirmó el ex ministro.
Por otro lado, frente a la promulgación y publicación de la norma, se informó que los miembros de la ANR vienen sosteniendo reuniones para tomar algunas acciones legales.
CRITICAN ALGUNOS PUNTOS DE LA LEY
El congresista Yonhy Lescano criticó algunos puntos de la nueva ley, pues señaló que no hace obligatoria la acreditación de las carreras, pese a que el dictamen inicial sí tenía esa condición.
Indicó que la ley promulgada tampoco precisa fuentes específicas para el financiamiento de la investigación.
Lescano manifestó que la norma no introduce el costo razonable de las pensiones, y el que nadie deje de estudiar por razones económicas si tiene buen rendimiento.
El rector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad, Germán Zecenarro, afirmó que no aplicará la ley mientras el Poder Judicial no resuelva la acción de amparo que interpondrá.
Mientras el rector de la Universidad Nacional de San Marcos, Pedro Cotillo, anunció que mañana se pronunciará sobre la nueva norma.
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