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Los menores con discapacidad no pueden ser impedidos de estudiar en instituciones educativas puesto que estos colegios deben respetar el derecho a la educación de acuerdo a lo dispuesto en la directiva que regula las normas y orientaciones para el desarrollo del año escolar 2014 en la educación básica.
Según explicó Malena Pineda, representante de la Defensoría del Pueblo, las instituciones, públicas o privadas, deben contar con al menos dos vacantes por aula para estudiantes con discapacidad leve o moderada.
Para cumplir con esta obligación, los directores pueden solicitar el apoyo del Servicio de apoyo y asesoramiento para la atención de las necesidades educativas especiales más cercano.
Además, Pineda señaló que en caso una institución cuente con más de 10 alumnos con discapadidad en la escuela debe garantizarse la disponibilidad de un docente especializado sin aula a cargo para la orientación y acompañamiento a los profesores, estudiantes y familias.
“Los padres y las madres de estudiantes con discapacidad deben exigir el cumplimiento de las garantías señaladas en la ley en aras de evitar tratos diferenciados o injustificados que vayan en contra del derecho a la educación de sus hijos, en igualdad de oportunidades y sin discriminación”, enfatizó.
Finalmente, exhortó a los padres de familia y a la comunidad en general a denunciar casos en los que esté comprometida la educación de menores, acudiendo a cualquiera de las oficinas de la Defensoría del Pueblo, a las UGEL o Indecopi.
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