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Después
de una seria DE investigación por parte de la Contraloría General de la República
y el Congresista Elard Melgar Valdez, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Huaral ha propuesto para el alcalde del
distrito de Chancay, Juan Álvarez Andrade, seis años de pena privativa de la
libertad, privación de la función pública que viene ejerciendo, e
inhabilitación para el ejercicio de cargo público por igual tiempo de la pena
principal.
Como se
recuerda, el parlamentario de la Bancada Fujimorista Melgar Valdez envió el
Oficio N° 0023-2011DCEMV/CR (de fecha 18 de octubre de 2011) al Contralor de la República, Dr. Fuad Khoury Zarzar, en
donde solicitaba el informe de verificación de denuncias de las obras en la municipalidad distrital de
Chancay, entre ellos: “Construcción de las Aulas, Dirección, Sala de
Uso Múltiple y Guardianía en la I.E.P Nº 85 María Inmaculada Concepción, para
lo cual la entidad segmento la ejecución de la obra y requirió los servicios de
mano de obra a seis (06) proveedores, los cuales fueron favorecidos en su
contratación.
La municipalidad distrital de Chancay ejecutó en el año 2007 por administración
directa la obra. “Construcción De Tribunas Del Estadio Municipal De Chancay”
para lo cual la entidad segmento la ejecución de la obra y requirió los
servicios de mano de obra de tres (03) proveedores, los cuales fueron
favorecidos en su contratación.
En
estas dos obras ejecutadas en la gestión
de Álvarez Andrade el Ministerio Público
habría encontrado presuntos actos de irregularidades. Según
el expediente 01582-2011 del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria se puede leer que Juan Álvarez Andrade en su calidad de
Alcalde de la municipalidad distrital de Chancay
en el periodo 2007, habría fraccionando diversas licitaciones para favorecer a
proveedores de su entorno.
Esta investigación también involucra a funcionarios de esta municipalidad,
entre ellos a José Roberto Juárez Lino, Ángel Rafael Olaya Rolando.
Finalmente, Elard Melgar manifestó
que viene trabajando arduamente en esta
brega por sancionar irregularidades en instituciones estatales, con el único
objetivo de dar la tranquilidad a la población.
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