El actual sistema nacional universitario, se rige por la ley Universitaria Nº 23733 publicada hace ya casi tres décadas (diciembre 1983); esta norma en sus inicios, fue denominada la Ley Alayza-Sánchez porque quienes la impulsaron en ese entonces fueron los senadores Luis Alberto Sánchez (APRA) y Ernesto Alayza Grundy (PPC); se encontraba vigente en ese entonces la Constitución de 1979. Trece años después, estando vigente la actual Constitución (1993) que establece una economía de mercado y mediante autorización del Congreso de la República, el tristemente célebre Alberto Fujimori, expide el Decreto Legislativo Nº 882, publicado el 09 de noviembre de 1996, denominado Ley de Promoción de la Inversión en la Educación; esta última ley en vez de contribuir a modernizar y desarrollar el país, ha contribuido a la proliferación de universidades particulares con filiales en todos el Perú, las que conjuntamente con gran parte de las universidades nacionales, producen en serie profesionales, muchos de los cuales no se desempeñan en las carreras que estudiaron.
A lo largo de todos estos años, los sucesivos gobiernos nacionales no han tenido políticas claras respecto de lo que debe ser el desarrollo de las universidades (en base a una sólida formación de profesionales que requiere la sociedad, a la generación de una investigación científica y una proyección social con un contenido humanista). Salvo algunas universidades nacionales, la gran mayoría se han venido administrando con un criterio distorsionado de lo que debe ser la autonomía universitaria, generando gestiones caracterizadas por la prevalencia de intereses de grupos y de componendas políticas para medrar económicamente (directamente o por interpósita persona) con los magros presupuestos que les asigna el Estado. Todo ello ha dado lugar a que el actual gobierno determine que las Universidades en los próximos cinco años, tengan necesariamente que acreditar, lo que quiere decir que tienen que mejorar la calidad académica cumpliendo estándares mínimos de formación profesional, de tal forma que el Título Profesional que se expida tenga valor en cualquier parte del mundo, en caso contrario dejan de expedir títulos a nombre de la Nación.
En la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, desde la dación de la Ley Universitaria Nº 23733, se han venido generando diversos gobiernos universitarios, en teoría administrados por la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario y los Consejos de Facultad; es así que se han venido sucediendo diversos triunviratos (Rector y Vicerrectores) a semejanza de la etapa final de la República Romana y a partir de 1997 con reiteradas intervenciones de Comisiones Reorganizadoras y de Orden y Gestión. Hemos sido testigos presenciales de todo ello y podemos colegir que todas estas gestiones, sin excepción, se han caracterizado porque las decisiones se tomaron distorsionando el carácter democrático que debe primar en un Estado Social de Derecho, algo parecido a la utilización de la democracia que perpetró a la cleptocracia de Fujimori – Montesinos (en mínima escala), basada en el clientelismo político y en las malas prácticas que vulneran el derecho fundamental a una buena administración.
Luego de dos años de la última reorganización y de un periodo de intervención por parte de la ANR, los intereses personales y de grupo al interior de la U.N. José Faustino Sánchez Carrión, causantes de la referida reorganización, se aprestan nuevamente a capturar el gobierno universitario, basada en una democracia distorsionada que tiene como características la componenda, el arreglo debajo de la mesa (con actas de compromiso que después son traicionadas), las cuotas o cupos que ya se vienen repartiendo (hay que recuperar lo que se ha invertido), las presiones, las prebendas y el chantaje a docentes y estudiantes a la orden del día (¿y dónde están los principios y los valores?), todo ello sirve para conformar la tan ansiada mayoría que dará legalidad al flamante nuevo gobierno universitario.
Estamos convencidos que esta “mayoría” democrática no tiene legitimidad, es más le tiene terror a la legitimidad y a la transparencia, ya que no las puede controlar, mucho menos manejar. Creemos que para salir de este marasmo institucional, el único camino existente es el voto universal, obligatorio, directo y secreto de los tres estamentos universitarios (docentes, estudiantes y graduados), de lo contrario estamos condenados a que se repita la tragedia pero esta vez como comedia.
(Vicente David Rojas Paico)
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