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La audiencia pública convocada por el alcalde Romel Ullilén el pasado martes 21 de mayo fue un fiasco, de insípida participación ciudadana, teniendo en cuenta que el mismo alcalde dijo haber cursado invitaciones a 60 organizaciones sociales de la provincia, pero sin embargo participaron no más de cinco organizaciones y rellenaron el auditorio con los trabajadores y funcionarios municipales.
La agenda a tratar fue lo siguiente : Seguridad Ciudadana, La Contaminación Ambiental, La Transferencia del Terreno Los Anitos, y La Construcción de una autopista. Según cuenta el alcalde de manera reflexiva, en la última etapa de su tercer periodo como burgomaestre, ha llegado a una sabia conclusión: se debe promover la participación ciudadana para darle solución a estos 4 fundamentales temas. Gran deducción.
VITONERA CONTESTATARIO
El alcalde de Supe Puerto, Everardo Vitonera manifestó que el alcade Ullilén habría estado cocinando un pacto (negocio) con Susana Villarán para comprar el terreno en disputa, y por eso comenzó a viajar a Lima para reuniones casi secretas con la alcaldesa de Lima. Luego Vitonera fue acusado de aprista arrepentido y de no acordarse de su pasado político.
¿PATRAÑAS?
En su amplia intervención, el alcalde provincial habló mucho sobre la Ley de Transferencia y la constante negativa de Susana Villarán a darle cumplimiento. Entonces la pregunta cayó por su propio peso. ¿Por qué la MPB no denunció penalmente a Susana Villarán, quien supuestamente se opone a cumplir la Ley?
Un abogado ahi presente nos aclaró el panorama: La Ley de Transferencia del Terreno Los Anitos simplemente autoriza, pero no obliga que se entregue las 93 hectareas a título gratuito a favor de la MPB. Por lo tanto los participantes propusieron modificar la Ley en cuestión para que se facilite la transferencia. Pero lo que nuestro alcalde quería es que la población presione al presidente Ollanta Humala para que mediante un Decreto de Urgencia pague el justiprecio que la Municipio de Lima reclama a cambio de la transferencia del terreno.
La intervención del gerente municipal Juan Valencia Rincón (a quien confundieron como asesor legal del municipio) era imperiosa para sustentar el pedido de Ullilén. Y en su afán de que la audiencia no se salga del libreto, el gerente terminó por delatar a su jefe y poner al descubierto la gran mentira que el alcalde provincial ocultaba referente a la transferencia del terreno Los Anitos.
LEY ESTAFA
En noviembre del 2011 se hizo un mitín y luego una vigilia para esperar a Ullilén quien había viajado a Lima con su portatil para “presionar” a Villarán. Luego nos enteramos que todo le había salido mal al burgomaestre, porque no dejaron ingresar a su portatil siquiera a la Plaza de Armas de Lima, menos a la municipalidad Metropolitana.
Romel había fracasado rotundamente. Pero tenía que justificar todo el circo que había montado. De regreso a Barranca, el mismo día del paro provincial, en el parque Los Próceres un grupo de fanfarrea lo esperaba con estereofonía incluida. La consigna era aparentar un rotundo éxito en las negociaciones por la transferencia del terreno. Ullilén dijo muy emocionado en la Plaza de Armas de Barranca: “La alcaldesa de Lima, Dra. Susana Villarán, ha manifestado su voluntad política de cumplir con la transferencia del terreno”.
Regresando a la audiencia del 21 de mayo del 2013, donde Ullilén vuelve a proponer un paro provincial. El gerente municipal desliza una información que compromete al alcalde provincial y demuestra que Romel Ullilén ha estado mintiendo con alevosía a la población, exponiendo la salud pública, la educación, las actividades comerciales, y hasta la integridad física de las personas, al motivar una movilización de tal magnitud basado en mentiras.
“La Ley ha nacido defectuosa, y es una estafa de Alan García”, confesó el abogado Juan Valencia, delatando así también a quienes redactaron esa Ley que cataloga como estafa. Su propio jefe el alcalde Romel Ullilén Vega y sus amigotes son los autores de esa estafa.
Entonces, el tiro le salió por la culata a “la familia” en esta audiencia pública donde fue delatado por su propia gente.
Tomando en cuenta una serie de mentiras sistemáticas en torno a este tema, además de todos los recursos públicos que se vienen gastando por la ineficiencia y la gran torpeza de redactar una Ley defectuosa, la población de Barranca deberá exigir una rendición de cuentas de la cuantiosa pérdida económica que ha significado esta gran estafa, y el enorme perjuicio desde el punto de vista social por la postergación del desarrollo educativo y de la edificación de nuestra Universidad Nacional de Barranca.
Fuente: Barranca.pe
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