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Pese a transcurrir cuatro años, la justicia no ha logrado determinar responsabilidades penales en el violento desalojo de más dos mil indígenas awajún-wampis atrincherados por 53 días en la Curva del Diablo y que ocasionó la muerte de 23 policías y 10 civiles, y la desaparición de mayor PNP Felipe Bazán Soles.
SIETE PROCESOS
Por estos hechos ocurridos en la mañana del 5 de junio del 2009, se abrieron siete procesos. El primero, el conocido como la Curva del Diablo, por el asesinato de 13 policías durante el operativo de desalojo.
También el caso Estación 6 del Oleoducto Norperuano de Petroperú, donde fueron víctimado otros diez policías.
Un tercer proceso, sobre la desaparición del mayor Felipe Bazán Solés.
Por la muerte de los indígenas y mestizos en Bagua Grande se abrió el proceso Víctimas de la Asociación 5 de Junio del año 2009, que investiga a doce mandos policiales, entre ellos el ex director de la Policía Nacional general PNP José Sánchez Farfán, el ex jefe de la Dirección de Operaciones Especiales general PNP Luis Muguruza, el ex jefe de la Dirección Territorial Policial en San Martín y Bagua general PNP Javier Uribe Altamirano. La ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas figura como testigo.
Luego vendría el caso Puente Corral Quemado, el único en que jueces han emitido sentencia luego de un proceso sumario contra el indígena Mateo Impe, acusado de obstaculizar el tránsito. Impe cumple cuatro años de pena suspendida, a condición de obedecer reglas de conducta.
La sexta causa conocida como Los Mototaxistas fue archivada por falta de pruebas. Se trató de un grupo de transportistas que trasladaron a nativos heridos.
Finalmente, el juicio llamado Contra Menores de Edad, que se cerró con una condena socioeducativa para uno y absolución para otros.
Fuera de los dos últimos casos, los demás aún esperan el inicio del juicio oral.
"Los nativos procesados son inocentes, son chivos expiatorios, son los únicos a quienes el Poder Judicial va a querer condenar. No tienen sino a tres detenidos, dos de ellos con detención domiciliaria. En todo este tiempo no se les ha probado nada", reclama el abogado de IDL Juan José Quispe, quien defiende a un grupo de nativos.
SOBRE EX MINISTRA
Respecto al archivamiento de la denuncia penal contra la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas, el asesor legal señaló que no hubo tal.
"La denuncia que el fiscal de la Nación, José Peláez, archivó es la que interpusieron los familiares de los policías por mandarlos a la zona sin el equipamiento ni las armas pertinentes. El fiscal de la Nación resolvió que la señora Cabanillas no tenía mando sobre el director general de la Policía. Hay un pedido de investigación seguido por las víctimas civiles del 'Baguazo' que aún no es resuelto por el Juzgado Penal de Bagua Grande", aclara.
Con el archivamiento de la denuncia entablada por los efectivos contra Mercedes Cabanillas, los 23 agentes muertos, un desaparecido y 28 heridos se constituyen ahora en agraviados de la parte civil del proceso Curva del Diablo.
CADENA PERPETUA
Los 53 procesados en el caso Curva del Diablo afrontan graves acusaciones. Se les imputa homicidio calificado, lesiones graves, atentado contra transporte de uso oficial, tenencia ilegal y arrebato de armas de uso oficial. Además, motín, daños agravados y atentado contra unidades de transporte público.
Por estas acusaciones, la Fiscalía Superior Mixta de Bagua ha solicitado penas de cadena perpetua y 35 años de cárcel, al mismo tiempo, para nueve dirigentes, entre ellos Alberto Pizango y Santiago Manuin. Solo para uno, la fiscalía ha pedido 35 años de reclusión. Sobre otros 43 acusados penden penalidades de entre seis y ocho años de reclusión.
Según la defensa de los acusados, la fiscalía no ha podido probar su responsabilidad. El examen de absorción atómica que pasaron los 53 nativos acusados de la muerte de policías en la Curva del Diablo y que confirma que ninguno percutó un arma no se ha tenido en cuenta.
DETENIDOS
Por otro lado, dos de los tres nativos que están privados de su libertad fueron aprehendidos luego de consumarse el operativo policial de desalojo.
Danny López Shawit es capturado el 5 de junio cuando intentaba huir de la violencia que envolvía a la Curva del Diablo. En la ambulancia en la que López Shawit intentaba esconderse se halló un fusil AKM y una cacerina que él admitió haber encontrado en la zona del conflicto.
A Feliciano Cahuasa Rolin lo detienen el 6 de junio en la casa pastoral de la iglesia Católica de Bagua Grande. La policía le confiscó un arma que después se verificó era del mayor Felipe Bazán Solés. En su manifestación también afirmó que fue un hallazgo.
El apresamiento de Asterio Pujupat Wachapea se produce el 31 de diciembre del año 2009. Es él quien aparece en la fotografía en la que un grupo de indígenas conduce vivo aún al mayor Bazán. Pujupat Wachapea es acusado de la muerte de este policía.
Hace un mes, y por la misma acusación, se ha detenido a Juan Cruz Cotrina. Este hombre fue procesado al autoinculparse de la muerte de Bazán Soles. Luego, se retractó y fue absuelto por el Poder Judicial, al considerar que su adicción a las drogas explicaba sus declaraciones autoinculpatorias. Cruz dijo que encontró al oficial en lo alto del cerro, y junto a él su arma, la misma con la que le quitó la vida.
VIGILIA POR LA JUSTICIA
Anoche, en Lima, frente al Palacio de Justicia, el Colectivo Bagua, que integran diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, realizó una vigilia para exigir justicia para los nativos y civiles que son procesados por el “Baguazo”, a pesar de que no hay pruebas contundentes de su responsabilidad. Los participantes exigieron la libertad de los tres nativos para quienes la fiscalía pide penas bastante severas.
EL ESCENARIO JUDICIAL DE LOS PRINCIPALES CASOS
Se espera que la Sala Penal de Bagua esté de acuerdo con lo resuelto por la Sala Penal Nacional que le devolvió el caso Curva del Diablo, y reasuma su competencia. Deberá decidir si la acusación cumple los requisitos de ley o si devuelve el caso a la Fiscalía Superior para su corrección. De lo contrario, señalará día y hora para el inicio del juicio oral. También podría pronunciarse sobre el archivamiento del caso por falta de pruebas contra todos o algunos acusados.
El caso Estación 6 está en la Fiscalía Superior de Bagua para dictamen, el que puede ser acusatorio o de archivamiento. Existe el temor de que también se declare incompetente y el proceso se remita a Lima.
En el proceso seguido a 13 policías, oficiales y suboficiales, ya culminó la etapa de instrucción. Está pendiente que el juzgado se pronuncie respecto al pedido de IDL para que se remitan copias a la Fiscalía de la Nación respecto a la solicitud de investigación a Mercedes Cabanillas. El juzgado también deberá resolver un escrito del ex director de la PNP José Sánchez Farfán, quien considera que no cometió delito alguno, en consecuencia debe ser excluido del proceso.
Elízabeth Prado/La República
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