Gente de García persigue a exviceministro. |
El exviceministro de Justicia del gobierno aprista, uno de los principales impulsores del nuevo Código de Procedimientos Penales, Gerardo Castro, enfrenta la última etapa del proceso judicial por supuesto delito de cohecho, irónicamente bajo el sistema sumario que ayudó a instaurar.
Según diversas versiones, Castro fue víctima de una celada de parte de el entonces ministro de Producción, Jorge Villasante, probablemente con conocimiento de Alan García, que encargaron a un asesor exigir dinero como condición para aprobar la ampliación de permisos de pesca para tres embarcaciones chiclayanas de propiedad de una pastora evangélica.
Este caso, que fue publicitado en una escena de febrero de 2011, en la que se ve a la pastora sacando de su cartera un fajo de billetes y de inmediato ingresando a la Policía y la fiscal mientras el asesor agita contra los corruptores. Así siendo que el abogado que acompañaba a la intervenida era un importante exfuncionario de gobierno, se demostraba a todo el país que no había impunidad para los compañeros. Claro que por aquella época circulaba una información sobre los abogados de la Sociedad de Pesquería que entraban y salían del despacho de la viceministra de Pesquería, entre los que resaltaba el joven Alan Simón García Nores, vástago presidencial, que hace de lobista de múltiples negocios.
La clave de todo el caso Castro es precisamente el vídeo que sirve para incriminarlo y otros dos que se tomaron en sendas conversaciones en enero del 2011. La lectura completa de estos materiales permitiría discernir de dónde provino el tema del dinero, es decir, si del asesor que directamente no tenía ningún poder para el otorgamiento de licencias, o si fueron los intervenidos y detenidos los que lo ofrecieron. Pero solo existe la imagen del momento del dinero y alguien se encargó de desaparecer el resto de pruebas.
Los jueces que sentenciaron a Castro y Pérez con cinco años de prisión hace algunas semanas (el caso se verá en apelación en la Suprema) no tomaron en cuenta hechos indudables: (a) que la participación del asesor Ríos fue dispuesta por el ministro porque no era la persona con atribuciones para arreglar el pedido; (b) que hay casi tres meses desde el momento en que se le da el encargo hasta que se produce el ampay filmado y nadie se pregunta por qué se produjo está dilación para un simple trámite; (c) que no se ha tomado en cuenta la versión de la pastora Pérez y de Castro que Ríos les insistía en que le dieran dinero “para arreglar su problema”; (d) que nadie va con diez mil dólares a una conversación, si no ha habido un acuerdo previo, lo que indica que Ríos y quién otro más eran por lo menos parte del arreglo o la extorsión; (e) que Ríos fue ascendido y mejorado de sueldo después de los hechos y nunca fue investigado; (f) que la fiscal que ha seguido el caso y perseguido a Gerardo Castro es esposa de Villasante; (g) que el APRA no defendió a su militante, dando por descontado que era culpable, otorgando así una especie de “cuota de sangre” para cubrir los grandes temas de la corrupción.
(Raúl Wiener - La primera)
Redacción
No hay comentarios:
Publicar un comentario