Por Econ. Víctor Eleazar Alvino Guembes
Los países de América Latina y el Caribe, incluyendo a nuestro país, enfrentan hoy el reto de seguir impulsando los progresos significativos en la reducción de la pobreza y el desempleo, así como ampliar los incipientes avances en la distribución del ingreso, alcanzados en conjunto con la consolidación democrática, la estabilidad macroeconómica y las políticas sociales.
Dichos logros parecen estar encontrando límites, ya sea para sostenerse o para expandirse. Estos límites se traducen en la disminución del ritmo o el estancamiento de los procesos de reducción de la pobreza y la indigencia, y de mejora de la distribución del ingreso, especialmente después de la crisis internacional de 2008.
Respecto de la pobreza, analizo para ustedes interesados y amables lectores, nuevamente, el tema desde las perspectivas del ingreso y del abordaje multidimensional. Ambas miradas permiten reforzar la idea de que, más allá de los avances logrados en el último decenio, la pobreza persiste como un fenómeno estructural característico de la realidad latinoamericana hasta los niveles más sencillos e individuales de nuestra sociedad.
Las distintas estimaciones que se presentan permiten cuantificar la magnitud e intensidad de este fenómeno en distintos grupos de población y delinear algunos hechos estilizados de utilidad para orientar el diseño de políticas de superación de la pobreza cuyos logros se vuelvan sostenibles en el tiempo y favorezcan mayores niveles de bienestar y desarrollo.
Las tendencias recientes, para nuestro caso, muestran un freno en el crecimiento del gasto público social desde 2012 en adelante. En parte, estas tendencias se deben al anterior incremento para enfrentar las consecuencias de la crisis financiera internacional y al actual freno en la actividad económica mundial.
Aunque esas medidas han actuado favorablemente sobre la demanda interna de los países, los márgenes actuales de expansión del gasto son menores, en el contexto de la necesidad de reducción del déficit fiscal en el que incurrieron algunos países para enfrentar la crisis de 2008 y 2009, del escaso dinamismo de la economía internacional y del consiguiente impulso al reforzamiento de la inversión en funciones de tipo económico.
Por este motivo, se hace necesario un mayor esfuerzo en una mejor planificación de los gastos, junto con el desarrollo y fortalecimiento de los mecanismos de evaluación, que apunten a aumentar la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos.
Parte de este incremento de la eficacia y eficiencia se asocia con una optimización de la orientación de los gastos acorde con la necesidad de diversos grupos poblacionales, como los y las jóvenes, de manera que se destinen recursos hacia programas generales e intervenciones específicas que logren mayores impactos y avances en el bienestar de la población y que faciliten el aprovechamiento de las oportunidades y capacidades para construir un nuevo modelo de desarrollo que disminuya las desigualdades y minimice las cadenas de reproducción intergeneracional de la pobreza.
Aclarando que el éxito o fracaso de la reducción de la pobreza dependerá de la corresponsabilidad en la gestión y actores representados por gobierno nacional-gobierno regional-gobierno local-ciudadanos-resto de la sociedad civil.
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