Entre ellos figuran dos de la cuenca Huaura - Oyón, mientras gerente general Fernández Estrella estaría violando ley electoral y neutralidad del gobierno regional
Unos 247 alcaldes distritales serán sometidos a la consulta popular de revocatoria que se llevará a cabo el domingo 30 de setiembre, informó hoy la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Las autoridades proceden de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco e Ica. También de Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Piura, Puno, San Martín y Tacna.
En Áncash se ubica el mayor número de alcaldes distritales que serán sometidos a consulta (37), le sigue Lima (32) entre ellos el alcalde Naván Antenogenes Rosales Emeterio y de Santa Leonor Héctor Rodolfo Torres de la Cruz; y, Cajamarca (26).
La octava consulta popular de revocatoria en la historia electoral peruana se desarrollará en cuatro provincias y 266 distritos del país.
Para estos comicios se encuentran hábiles para sufragar 768,232 electores y se instalarán 4,207 mesas de sufragio en 388 locales de votación. Del total de electores, 395,458 son hombres y 372,774 son mujeres, precisó la ONPE.
¿VIOLANDO LA LEY ELECTORAL Y NEUTRALIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL?
A 72 horas de la Consulta Popular de Revocatoria al gerente general del gobierno regional Luis Enrique Fernández Estrella no se le ha ocurrido una genial idea que trabajar por los pueblos andinos, en forma especial por Santa Leonor.
Resulta muy suspicaz y extraña esas ansias de atender a estos pueblos, más a portas del proceso de consulta que pone en juego la cabeza del burgomaestre santaleonorino Héctor Torres.
Acaso olvida el cuestionado gerente general Fernández Estrella, además como abogado, que esta vigente la legislación electoral que exige la neutralidad de las instituciones públicas en los procesos electorales.
Si las intensiones es favorecer al burgomaestre Torres de la Cruz, con su visita de hoy miércoles 26 de setiembre; las instancias electorales como el Jurado Electoral Especial y los organismos de fiscalización como Transparencia deben realizar una profunda investigación y determinar las sanciones que la normatividad exige.
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