 |
Desde diversos frentes del Estado persisten en la defensa de los beneficios de la norma, pero ya deslizan la posibilidad de algunas modificaciones. En tanto, los jóvenes, en su mayoría universitarios, planifican la siguiente acción en contra de la cuestionada ley para el próximo 29 de diciembre.
Con la euforia y fuerza que da la juventud, hasta el cierre de esta nota en distintos puntos de la capital grupos de muchachos se encontraban reunidos para definir cuál será el siguiente pasoluego de la multitudinaria marcha que congregó a más de 10 mil personas el último lunes.
Aunque durante la madrugada se produjeron hechos aislados de violencia (ver recuadro), la manifestación de más de siete horas concluyó de manera pacífica. Tras ello, desde tempranas horas del martes, muchos de estos defendieron su posición en diversos medios de comunicación.
Un grupo de ocho de estos de entre 23 y 30 años llegaron a La República para expresar su rechazo sino –contrariamente– a lo que dicen sus críticos; ellos han leído la norma.
Ana Luna Guillén, dirigente de la Federación de Estudiantes del Perú, asevera que la protesta no solo ha sido inédita sino también histórica porque llegaron hasta la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) en San Isidro, que –a su juicio– fue la impulsora de la norma y la más beneficiada.
"Tuvimos una marcha pacífica y logramos protestar en lugares simbólicos como la Confiep porque no creemos que esta norma sea solo del gobierno sino del poder económico", precisó.
Por su parte, Jorge Rodriguez, de la Universidad Mayor de San Marcos y dirigente del Foro Juvenil de Izquierda, opina que estas movilizaciones han logrado captar a jóvenes que no participan en la política regularmente, pero serán afectados por este régimen.
"Hemos logrado remecer el país en torno a esta nueva ley", puntualiza.
El pasado 11 de diciembre el Congreso aprobó como parte del paquete para reactivar la economía este nuevo régimen que, según el Ejecutivo, beneficiaría a 260 mil personas (aplica únicamente a quienes tienen entre 18 y 24 años que se encuentren laborando de manera informal o que estén desempleados al menos tres meses).
La norma indica que estos jóvenes pasarán a planilla, tendrán 15 días de vacaciones, pero no contarán con Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) ni gratificaciones.
La adecuación a la ley es voluntaria y está dirigida a todas las empresas sin distinción de tamaño o actividad a la que se dediquen. También se ha fijado hasta un máximo de 25% de la planilla con trabajadores en este régimen.
Así como también el Estado otorgará un crédito tributario a las empresas que inviertan en capacitación y se cubrirá los pagos de EsSalud durante el primer año de contratación formal en las Mypes.
El ministro de Trabajo, Fredy Otárola, rechazó que se estén recortando los derechos laborales y afirmó que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) va a fiscalizar con “toda la fuerza” para evitar un mal uso de la ley de parte de las empresas.
¿POR QUÉ SE OPONEN?
A pesar de estas explicaciones, Amed Albujar, representante de la Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú, dijo que desde el gobierno defiende un "discurso sin argumentos". Afirma que ellos se opusieron a esta ley desde que se debatía en la Comisión de Trabajo del Parlamento.
Mientras que Steven Ricra, del sindicato de Topitop, asegura que a su juicio solo se está legalizando precarizar el trabajo de los jóvenes".
"Nosotros con muchos años ya hemos ganado derechos dentro de nuestras empresas. No podemos permitir retroceder", expresa.
En esa línea, Mayi García de la Federación de Estudiantes de la Universidad Agraria de La Molina, recordó que ya existen otros regímenes como el de la Ley Mype, de Agroindustrias y Textiles que no han funcionado.
"Hay más de 40 regímenes laborales, lo que se debería discutir es la Ley General del Trabajo. Nosotros estamos abiertos al diálogo y que nos incluyan", refirió García. Aspecto en el que coincidió Rodríguez, quien, asimismo, señaló que existen cifras que demuestran que desde el 2004 la contratación de jóvenes se ha incrementado sin la necesidad de una normativa.
"Entonces ¿para quién es la ley para los jóvenes o para el gran empresariado?", cuestiona Rodríguez.
El grupo cuestiona que según esta normativa las empresas tienen mayores prerrogativas y beneficios, lo que reduce los derechos laborales de los trabajadores.
"Hay muchos jóvenes que ya están siendo capacitados, pero no hay incentivos. Muchos se van a trabajar al extranjero. Al final, tanto las capacitaciones que se ofrecen como el seguro que se da lo va a pagar el Estado y no las empresas", precisó Guillén, dirigente de la FEP.
EXIGEN TRABAJO DIGNO
El principal pedido de los jóvenes, no solo es la derogatoria de la norma vigente al ser incostitucional. Para poder lograr esto exigen que se convoque a un Pleno Extraordinario en el Congreso porque consideran que la norma tienen una responsabilidad compartida. Para ello cuentan con el apoyo de las bancadas Dignidad y Democracia y Acción Popular - Frente Amplio.
"Llamamos a las bancadas que se han manifestado en contra a apoyar esta iniciativa", manifestó Christian Peralta, dirigente de la Junta de Frente Amplio.
"Se habla de que la Sunafil va a fiscalizar cuando no existe una fiscalización real. Esta semana trabajadores con años de labor que se han opuesto a la norma en el Ministerio de Trabajo han sido despedidos", denunció Albújar, miembro de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).
"Hay muchos congresistas, padres de familia y diferentes actores que recién nos están buscando para dialogar, cuando la norma ya fue aprobada. El presidente Ollanta Humala debe escucharnos. La gran mayoría está en contra de esta ley. Se tiene que analizar esta situación", señala García.
"Todo depende del presidente Humala", refieren.
Otra de las preocupaciones que mantiene esta nuevageneración es la desviación del debate central, pues Gabriel Salazar, del Foro Juvenil de Izquierda, indica que, por ejemplo, el ministro del Interior, Daniel Urresti, intenta desviar la atención a los hechos aislados de violencia que debido a la cantidad de participantes no se puede controlar quienes se infiltran o generan estos hechos.
"Nosotros rechazamos todo tipo de actos de violencia. Hemos tenido más de siete horas de marcha pacífica", apunta Jorge Rodríguez.
Por ello, Salazar asegura que ellos lo que buscan es que se pueda seguir debatiendo sobre los derechos laborales, pero a nivel global.
"Están tratando de diminuir el debate de fondo. Nosotros invitamos a los actores políticos a que puedan dialogar con nosotros. Esta ley fue aprobada al caballazo", añadió.
Con este objetivo, los jóvenes se encuentran coordinando una nueva acción este 29 de diciembre que podría ser una movilización como las anteriores o un plantón. Otro grupo está convocando por redes sociales para este sábado.
El próximo 10 de enero tendrían un Encuentro Nacional de las Juventudes para debatir el Nuevo Régimen Laboral Juvenil, así como también están gestionando para la quincena del mismo mes una jornada de lucha con los sindicatos, esto si el gobierno no cede a sus pedidos.
CONFUSA SITUACIÓN DE LOS DETENIDOS EN PROTESTA
El Ministerio del Interior insiste en que los detenidos durante las protestas de este martes fueron infiltrados. No obstante, familiares de los mismos niegan actos de violencia.
Cuatro jóvenes que participaron en la marcha contra la ley laboral juvenil han sido puestos a disposición del Ministerio Público para ser investigados por la comisión de diversos delitos. Se trata de Diego Alonso Trujillo Huertas (24), detenido por violencia y resistencia a la autoridad y delito contra la tranquilidad pública; Jeyson Martín Chala Tolentino (21), por delito contra la tranquilidad pública; y Luis Alberto Flores Campos (29), por delitos contra el patrimonio y contra la tranquilidad pública.
Asimismo, Carlos Alberto Ulloa Escobar (20) por delito contra la seguridad pública, en la modalidad de fabricación y tenencia de materiales peligrosos, y violencia y resistencia a la autoridad. Sin embargo, familiares de estos acusaron a la policía de agredirlos y sembrarles bombas molotov. Negaron que sus hijos estén involucrados en estos actos de violencia.
El Ministerio del Interior informó en un comunicado que fueron en total seis los jóvenes detenidos, pero dos de ellos, identificados como Juan Manuel Romero Ruiton (19) y Jospeh Bello Arce (19) –detenidos por faltas contra la tranquilidad pública– han sido puestos en libertad la tarde de ayer.
Claves
El congresista de la bancada de Acción Popular-Frente Amplio, Yonhy Lescano, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), a fin de que quede sin efecto la ley del Nuevo Régimen Laboral Juvenil. Sería revisado el próximo 5 de enero.
En provincias como Arequipa, Piura, Cusco también cientos de jóvenes salieron a protestar contra a esta norma.
No hay comentarios:
Publicar un comentario