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La Contraloría General de la República consiguió que el Ministerio de Economía y finanzas congele por treinta días las cuentas del Gobierno Regional de Pasco y de cuatro municipios provinciales y distritales, periodo en el que continuará con la investigación sobre presuntos actos de corrupción en la administración de los recursos públicos en estas entidades.
El vicecontralor Edgar Alarcón explicó a La República que el bloqueo de cuentas de los municipios distritales de San Marcos y Chavín de Huántar (Áncash) y Vilcabamba (Cusco); del municipio provincial de San Román (Puno) y del Gobierno Regional de Pasco es una medida preventiva que se adoptó luego de detectarse señales de un mal uso de recursos públicos.
"La Contraloría solicita el congelamiento de cuentas bajo el amparo de la Ley de Presupuesto, cuando se identifican presuntos hechos irregulares que podrían derivar en otras responsabilidades", explicó.
Alarcón detalló que la Contraloría cuenta actualmente con comisiones de auditoría en los gobiernos regionales de Arequipa, Loreto, Moquegua y Ayacucho; y esperan informes detallados para fin de mes. Dependiendo de los hallazgos, la Contraloría podría requerir al Ministerio de Economía el congelamiento de las cuentas, como ocurrió con el Gobierno Regional de Pasco.
Alarcón subrayó que la norma es clara al indicar que los únicos movimientos que estarán permitidos en las jurisdicciones cuyas operaciones han sido suspendidas serán los giros de cheques para el pago de remuneraciones, pensiones u otros programas sociales.
Por su parte, el contralor Fuad Khoury aseguró que las acciones judiciales emprendidas contra los gobiernos regionales de Tumbes, Cajamarca y Áncash se sustentaron en informes de la Contraloría que han derivado en la denuncia penal de 3 mil funcionarios, desde el 2009.
CASOS CONOCIDOS
El anuncio no fue novedad en las regiones. En el caso de la municipalidad distrital de San Marcos, en marzo de este año la procuradora anticorrupción de Áncash, Solange Hurtado, denunció una posible malversación de recursos hasta por 20 millones de soles.
Además, el alcalde de San Marcos, Javier Medina, distrito que más dinero recibió por concepto de canon minero, es acusado de haber beneficiado con millonarios contratos a sus familiares.
Otro es el caso del alcalde de Chavín de Huántar, Manuel Páucar Ramírez, quien es procesado por varios graves actos de corrupción. Hoy está en condición de prófugo.
El alcalde del distrito de Vilcabamba (La Convención, Cusco), Juan Olivera, ha sido denunciado por sobrevaloración de obras y el pago a obreros fantasma.
Contralor confirma que investigan a ex titular del TC Carlos Mesía
El contralor general de la República, Fuad Khoury, confirmó que han tomado cartas en el asunto sobre la denuncia de un presunto desbalance patrimonial del ex magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Carlos Mesía, quien habría adquirido bienes por una suma mayor al millón y medio de soles, denunciado por una publicación periodística. "Leí la revista el lunes, está en investigación, claro que sí”, dijo.
El ministro de Economía, Luis Castilla, indicó que el Ejecutivo evalúa presentar un proyecto al Congreso para conformar una unidad ejecutora (como una superintendencia) que tutele los recursos de las regiones a fin de un mayor control frente a actos de corrupción.
Figallo: Gobierno tiene listo proyecto sobre control de regiones
En los próximos días, el Ejecutivo enviará al Congreso un paquete de proyectos sobre los mecanismos de control y fortalecimiento del proceso de descentralización, anunció el ministro de Justicia, Daniel Figallo. Esto tras la ola de denuncias e investigaciones por corrupción contra diversos presidentes regionales.
Explicó que en el último Consejo de Ministros, su cartera y la Secretaría de Descentralización abordaron el tema de la descentralización desde diversos ángulos, por ejemplo, un mayor control y otros referidos al proceso de elección. Precisó que en los próximos días enviarán esta iniciativa al Congreso con carácter de urgencia y espera que sea aprobada en esta legislatura.
Puntualizó que se han contemplado mecanismos para velar la administración de los recursos públicos. "Hay que cautelar los recursos que están siendo mal usados, pero no debemos permitir que estas intervenciones afecten a la población", dijo.
Figallo indicó que las medidas apuntan a lograr una administración adecuada mientras los gobiernos regionales están siendo investigados, y así evitar una paralización en las regiones.
Adelantó que hay más investigaciones a gobiernos locales y regionales que serán denunciados, sin embargo, evitó dar mayores detalles al respecto.
CLAVE
El titular del Ministerio de Justicia, Daniel Figallo, descartó que exista presión política para fiscalizar a los gobiernos regionales por casos de presunta corrupción, y garantizó que el país vive un estado de respeto del derecho constitucional.
Fuente: La República
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