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La fiscal superior anticorrupción del Callao, Yanet Vizcarra Choque, dispuso el inicio de investigación preparatoria al presidente regional del Callao, Félix Moreno Caballero, por la venta subvaluada de un terreno de 70 mil metros cuadrados, en el ex fundo Oquendo.
En el proceso judicial también se incluyó al empresario Óscar Peña Aparicio, conocido como "El rey de la pesca con medidas cautelares", y a su hijo Óscar Peña Macher, representantes de la empresa Inmobiliaria Estefanía, beneficiaria del accionar irregular del gobierno regional del Callao.
Igualmente, los funcionarios de la administración regional Marco Palomino Peña, Miguel Ascencios Vega, Eber Adalberto Ramírez Sánchez, José García Santillán y José Casado Pinedo.
La fiscal Vizcarra precisa que todos ellos deben ser procesados por delitos de colusión agravada y negociación incompatible en perjuicio del Estado.
Entre las primeras medidas, la fiscalía ha dispuesto levantar el secreto bancario y de las comunicaciones de los mencionados procesados, así como la búsqueda en registros públicos de todos los bienes registrados a su nombre.
El fundo Oquendo
De acuerdo con la denuncia presentada por Víctor Huarancca y las indagaciones preliminares de la fiscalía, los funcionarios del gobierno regional del Callao y los representantes de Inmobiliaria Estefanía se habrían coludido para defraudar al Estado por unos 12,4 millones de dólares.
Anota que en marzo de 1987 la empresa Promotora Oquendo donó a la Corporación de Desarrollo del Callao, hoy Gobierno Regional, un predio ubicado en la avenida Néstor Gambeta, ex fundo Oquendo, de 70 mil metros cuadrados.
Sin embargo, el Estado nunca tomó posesión del terreno, que continuó en manos de los agricultores que lo explotaban desde mediados del siglo XX.
Además, mediante Decreto Supremo del año 1988 se dispuso que ese terreno se utilizara para construir un mercado mayorista, lo que tampoco se hizo.
A comienzos del 2011, la administración de Félix Moreno "descubre" que el terreno pertenecía a la región y, a espaldas de los agricultores que ocupaban el terreno, decide venderlo, para lo que convoca a una licitación pública.
El terreno es supuestamente valorizado a precio del mercado en 5 millones de dólares y, en segunda convocatoria, se adjudica a Inmobiliaria Estefanía por 4,5 millones y de inmediato se procede a la transferencia del bien.
Subvaluación
La fiscalía encuentra graves irregularidades en dicho proceso. En principio, establece que US$ 5 millones no era el precio del mercado, pues este cuenta con obras de habilitación urbana, que multiplica su valor.
Una simple investigación en internet permite conocer que en esa zona el metro cuadrado se comercializa entre 250 a 420 dólares. Una tasación realizada por peritos judiciales otorgó un valor de 250 dólares el metro cuadrado y valorizó el terreno en 17'507,500 dólares.
Luego se descubre que en la primera y segunda subasta participan las mismas empresas, por lo que no se entiende por qué se declaró desierta la primer convocatoria, salvo que expresamente se buscara reducir su precio, en un 10 por ciento más.
En la primera subasta participaron las empresas Fundo Doña Licha y LSA Enterprises Perú, que tiene como gerente y socios a las mismas personas, Óscar Peña Aparicio y Óscar Peña Macher.
A la segunda convocatoria se presentaron Edferhope, a la que se descalifica por presentar un cheque simple, e Inmobiliaria Estefanía, representada por el mencionado Óscar Peña Aparicio. Pero resulta que Edferhope es representada por Edgar Honores Pérez, quien resulta ser el hermano de un empleado de LSA Interprises, la empresa de Peña Aparicio.
El hermano en cuestión, Manuel Honores, participa como apoderado de Inmobiliaria Estefanía. Lo que supone, dice la fiscal Yanet Vizcarra, un conglomerado de empresas constituidas para defraudar al Estado.
Moreno y Peña también deben ser investigados por lavado de activos
La fiscal superior Yanet Vizcarra dispuso que se remita copia del expediente del caso Oquendo a la fiscalía especializada de Lima para que se investigue a Félix Moreno y Óscar Peña Aparicio por lavado de activos.
Vizcarra precisó que al revisar los antecedentes de los investigados descubrió que existe otro caso de supuesta venta subvaluada del lote Ventanilla 1, que tienen a los mismos participantes.
El lote Ventanilla 1 se vendió por 7,1 millones de soles, en una subasta pública en la que participaron Pesquera Liviamar, Estafanía, Edferhope, vinculadas a Óscar Peña. Ese lote se adjudicó a Edferhope, que luego declaró que el dinero lo puso LSA Perú, otro empresa de Peña Aparicio.
Estas mismas empresas aparecen vinculadas al entramado para la pesca que realiza Peña Aparicio, con medidas cautelares.
Fuente: La República
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