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En falta. En el 2002, la Contraloría General de la República determinó la existencia de irregularidades en la gestión del entonces alcalde distrital de Lunahuaná. Ello derivó, 10 años después, en una acusación fiscal contra el ahora presidente regional de Lima Provincias por los delitos de peculado y colusión, entre otros.
Dictan medida cautelar de embargo en forma de Inscripción sobre el inmueble de propiedad de Javier Alvarado del Valle y otros hasta por la suma de S/. 600.000 nuevos soles en base a Resolución N° 02 de fecha 10/07/2012 donde dictan medida cautelar de embargo hasta por la suma de S/. 3´000.000 millones de soles.
El inicio del fin
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Un cobro irregular a la empresa Telefónica del Perú que asciende a más de 3 millones de soles, presuntamente cometido el 2002, último año de gestión como alcalde distrital de Lunahuaná, coloca hoy al presidente regional de Lima Provincias, Javier Alvarado, frente a las instancias judiciales. Acusaciones por los presuntos delitos de colusión, peculado, falsedad ideológica y malversación de fondos, de probarse, podrían llevarlo a prisión.
Las bases de la acusación nacen de un informe de la Contraloría General de la República de mayo de 2006. El documento verifica la existencia de irregularidades en la contratación de la empresa Asesores y Consultores Reften SAC para ejecutar fiscalizaciones tributarias y administrativas a empresas que brindaban servicios a la referida sede edil.
Según el documento judicial, la Municipalidad Distrital de Lunahuaná contrató a Reften SAC de manera directa –incumpliendo la ley de contratación–, la cual, en el supuesto cumplimiento de su fiscalización, embargó 3 millones 489 mil 21 nuevos soles a la Telefónica por el cobro de multas tributarias y administrativas, monto del cual la referida empresa recibió –según contrato– el 35%, es decir, 1 millón 221 mil 153 nuevos soles.
Del saldo de 2 millones 267 mil 873 que debía ser utilizado, según la Municipalidad de Lunahuaná, en la ejecución de obras en su jurisdicción, solo fue sustentado un monto de 252 mil 748 nuevos soles y sobre el resto no se remitieron la descripción detallada ni los informes técnicos que sustenten la ejecución, como lo refiere posteriormente una investigación de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional de noviembre del 2010.
Por todo lo anterior, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cañete dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra Javier Alvarado y otros implicados y actualmente se encuentra en la Corte Superior de Justicia de Cañete. Según informaciones periodísticas recogidas por este diario, Alvarado no habría asistido a las citaciones judiciales más de una vez.
Fuente: Jorge Brignole/Huaral.pe- facebook
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