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No alza vuelo. Congresistas entrevistados coincidieron en que el debate en el Congreso se ha limitado a la aprobación de leyes particulares, parches que no sugieren un cambio estructural, realmente de fondo. El tiempo también corre en contra.
No se aprecia hasta el momento una reforma de carácter estructural; solo una suma de proyectos que no parecen ofrecer cambios sustanciales.
La Comisión de Constitución lleva aprobados siete dictámenes en el marco de la reforma electoral.
Uno ya fue promulgado ayer, el que se refiere al cronograma electoral.
Luego de la votación en el Pleno, el Ejecutivo había observado que las solicitudes de inscripción de fórmula de candidatos y la documentación adicional se presenten en forma física en el Jurado Nacional de Elecciones, lo que demoraría todo el proceso. El Legislativo decidió allanarse y modificar la norma.
Los seis dictámenes restantes esperan a ser debatidos en el Pleno, o bien una segunda votación (revisar tabla).
El Ejecutivo también ha observado la norma de intangibilidad de las normas electorales. La idea del Congreso es que las reglas de juego no se puedan cambiar en el año previo a los comicios. Pero se ha contraargumentado que eso limitaría la autonomía de los organismos electorales.
El JNE, a través de su presidente, Víctor Ticona Postigo, ha respaldado la posición del Ejecutivo. De acuerdo con Ticona, se le estaría impidiendo a los organismos electorales que estos adopten "decisiones oportunas y efectivas para el buen desarrollo de los procesos".
No se sabe hasta el momento si, al igual que en el caso anterior, el Congreso se allanará o, en cambio, promulgará el dictamen a través de la figura de la insistencia.
Vacíos grandes
El Congreso había nombrado a un grupo de trabajo, presidido por la congresista Patricia Donayre, para que presente un proyecto de reforma.
La Comisión de Constitución presidida antes por Miki Torres y hoy por Úrsula Letona (ambos de Fuerza Popular) decidió usar estas propuestas solo como insumos. Donayre terminó renunciando a FP y hoy forma parte de la bancada de Peruanos Por el Kambio.
Donayre no es miembro titular de la comisión, aunque sigue de cerca el debate. En conversación con La República señaló que la discusión que toma lugar en el Congreso no es "integral". "Lo que se aprecia son parches", comentó.
Por ejemplo, lo que el Congreso ha previsto en el campo del financiamiento partidario está bastante lejos de contentar a los especialistas.
En primera votación se ha prohibido que las personas jurídicas con fines de lucro financien campañas. La intención es impedir que los partidos reciban dinero de empresas y se comprometan con sus intereses.
Al mismo tiempo, se subió el monto que las personas naturales pueden donar: 120 UIT, o 486.000 soles. En realidad, queda la opción de que si alguna empresa pretenda apoyar a una agrupación, pueda hacerlo a través de testaferros.
Según Donayre, se necesita incluir sanciones políticas (además del castigo pecuniario) contra las agrupaciones que incumplan las normas.
Estas sanciones, dijo, deben contemplar la suspensión o la pérdida de la inscripción en el caso de infracciones graves, como la recepción de dinero ilícito.
Donayre también reclamó que se prohíba la postulación de personas sentenciadas por delitos graves, entre ellos, lavado de activos y narcotráfico.
Fuentes de la Comisión de Constitución explicaron que este punto se discutirá. De hecho, existen algunos proyectos, aunque incompletos.
Una opción es que algún congresista haga suya la iniciativa que el Ejecutivo presentó cuando el premier era Fernando Zavala, en el marco de las facultades legislativas.
El Ejecutivo propuso, entonces, impedir que los condenados por terrorismo, narcotráfico, lavado y violación aspiren a cargos de elección. Pero el tiempo pasa y no hay novedades relevantes sobre ese aspecto.
¿Democracia interna?
Otro dictamen de la comisión que ha originado críticas es aquel por el cual las elecciones internas contarán con la asistencia técnica de organismos como la Onpe y Reniec, solo si lo requiere el partido político.
La expectativa era que los partidos sometieran sus procesos al rigor de entidades especializadas, como una manera de garantizar la transparencia frente a los ciudadanos.
No ha ocurrido así. Y todo hace suponer que el Pleno ratificará esta decisión.
claves
Patricia Donayre sugirió, aparte, otorgarle la potestad a la Unidad de Inteligencia Financiera de levantar el secreto bancario de los candidatos.
Por su parte, el congresista de Peruanos Por el Kambio y miembro de la Comisión de Constitución, Vicente Zeballos, comentó que "el factor tiempo no es el mejor aliado".
"Aunque se está haciendo un esfuerzo a través de leyes particulares, una vez más queda en evidencia que mejor hubiera sido para el Parlamento abocarse a un trabajo integral".
"Se evidencia que mejor hubiera sido para el Parlamento abocarse a un trabajo integral de reforma", dijo Vicente Zeballos.
Gran deuda: prevenir el dinero ilícito
La Comisión Presidencial de Integridad presentó varias sugerencias para impedir el uso del dinero ilícito en las organizaciones políticas y en las campañas. Entre ellas: prohibir que personas condenadas por delitos graves (corrupción, narcotráfico, crimen organizado y demás) se presenten a cargos de elección; establecer que los candidatos declaren en sus hojas de vida sus procesos judiciales; asignar a la ONPE la facultad de calcular los costos de las campañas de cada partido; y establecer un régimen de sanciones políticas y pecuniarias por la recepción de aportes ilícitos y otras infracciones.
De una amplia lista con 16 propuestas, solo se ha implementado aquella que garantiza el financiamiento público directo, de acuerdo con un reciente informe del Observatorio de Integridad.
Fuente: La República
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