NELSON CHUI PODRÍA SUFRIR PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE 15 AÑOS POR PRESUNTO CHUPONEO

* Por su condición de funcionario o servidor público

Hace 15 días que el Consejo Regional de la provincia de Huaura, Miguel Ángel Mufarech Nemy, presentó denuncia penal contra el Gobernador Regional Nelson Chui Mejía, los que resulten responsables y como tercero civilmente responsable la empresa proveedora de los GPS con micrófono incorporado.

Tal determinación se tomó, luego que el Consejo Regional Lima, aprobara por unanimidad el Acuerdo de Consejo Regional Nº 226-2015, en el que se acuerda censurar la instalación de sensores de escucha y micrófonos de audio en unidades vehiculares del Gobierno Regional de Lima, que ha originado la violación de los derechos fundamentales de los funcionarios, Consejeros Regionales y trabajadores, promovido por las instancias administrativas correspondientes, tal como lo han reconocido en el pronunciamiento publicado en el portal web del Gobierno Regional Lima el 08 de setiembre del 2015.

El Consejo Regional en pleno, también aprobó en esa fecha rechazar las justificaciones detalladas en el referido pronunciamiento por las contradicciones que se señalan y que las justificaciones no tienen el más mínimo de seriedad y responsabilidad.

Y finalmente solicitarán la intervención de la Fiscalía de la Nación, la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANRG), la Defensoría del Pueblo y demás instancias, a fin de que se tome conocimiento de estos hechos delictuosos.

La incorporación del artículo 162 – B al Código Penal: “Interferencia de comunicaciones electrónicas, de mensajería instantánea y similares”, señala, el que indebidamente interviene o interfiere comunicaciones electrónicas o de mensajería instantánea o similares, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años.

Y algo que habría puesto muy preocupado a Nelson Chui es que la pena privativa de libertad será no menor de diez ni mayor de quince años, cuando el agente tenga la condición de funcionario o servidor público y se impondrá además la inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 4.

Algo preocupante para el Gobernador Regional, que ha tratado por todos los medios de negar lo evidente.

Ahora solamente se espera que el Fiscal en quien ha recaído la denuncia haga un trabajo honesto y no caiga en las tentaciones del poder político y económico.

Fuente: Opinión regional