DESMIENTEN QUE GOBIERNO REGIONAL DE NELSON CHUI HAYA REALIZADO DENUNCIA SOBRE CASO "CHUPONEO"

FIRME DESMENTIDO. "No hay denuncia de parte del gobierno regional", afirmó categóricamente en RPP noticias el consejero regional por la provincia de Huaura, Miguel Ángel Mufarech Nemy, sobre el caso "chuponeo".

Estas declaraciones las dio la autoridad regional durante una entrevista concedida el lunes 14 de septiembre a RPP Noticias; donde detalló que en ningún momento pudo conocer que el gobierno regional de Lima haya entablado denuncia sobre este caso.

Por el contrario, Mufarech Nemy, señaló que había realizado denuncia penal ante el misnietrio Público de Huaura, por el delito de interceptación de las comunicaciones contra el gobernador regional Nelson Chui Mejía y quienes resulten responsables, de haber instalado dispositivos especiales de escucha en los equipos GPS de camionetas asignadas a algunos consejeros y funcionarios, seguramente con la finalidad de escuchar sus comunicaciones.

El también expresidente regional de Lima manifestó que esto es una acto de "chuponeo" contra consejeros y funcionarios de la región, por lo que el gobernador regional Chui Mejía y la empresa que ha vendido estos dispositivos han incurrido en delito de violación de la intimidad e interpectación de las comunicaciones.

"Cuando yo realice la denuncia sobre este "chuponeo" ante el ministerio Público de Huaura, el último viernes, no existía ninguna denuncia formulada por el gobierno regional u otra instancia", dijo el representante del legislativo regional.
  

El consejo regional rechazó la actitud del gobernador regional Chui por supuestamente estar detrás de la instalación de estos equipos de escucha de las comunicaciones, toda vez que los funcionarios del gobierno regional de Lima están obligados a dar cuenta de todo lo que realizan al Titular del Pliego y al primer funcionario administrativo que es el gerente general regional Luis Custodio Calderón.

Mufarech indicó que esta denuncia la llevará al Congreso de la República, a la Asamblea Nacional de Gobierno Regionales (ANGR) y otros medios de comunicación porque considera que escuchar de manera ilegal las comunicaciones es un delito de interceptación de las comunicaciones.