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La congresista del partido fujimorista Fuerza Popular, Martha Chávez, expuso sus argumentos al Tribunal Constitucional (TC), para solicitar la inconstitucionalidad de 21 artículos de la nueva Ley Universitaria.
Chávez representó en la sesión, desarrollada ayer, a 47 legisladores de cuatro bancadas del Parlamento, que pide se deroguen varios artículos. La acción de inconstitucionalidad se interpuso en julio del 2014.
El debate que sostuvo con el represente legal del Ministerio de Educación (Minedu), César Landa, se enfrascó en la autonomía de las casas de estudios ante la ley, en el ejercicio de la docencia en las universidades hasta los 70 años, y en la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
La fujimorista calificó a la norma como "intervencionista". "El Estado solo debe garantizar la educación básica, más no tiene competencia para decidir sobre la educación universitaria", manifestó.
Landa respondió que es facultad del Estado promover los lineamientos para regular y supervisar la educación superior de los jóvenes, con miras a una enseñanza de mejor calidad.
En cuanto a la docencia, Chávez criticó que no solo se les limite ejercer esta labor hasta los 70 años, sino también asumir roles administrativos. "Es una evidente transgresión a los derechos laborales", increpó.
En tanto Landa sostuvo que se contempla el ejercicio de docentes extraordinarios, mayores de 70, pero solo en una cuota de 10 % del total de maestros.
Con respecto al Sunedu, Chávez expuso que este organismo no garantiza la autonomía universitaria, ya que dos miembros de su Consejo Directivo son representantes elegidos por el Minedu. En total son siete.
Luego de tres horas de exposiciones, los magistrados del TC dejaron al voto la demanda.
CLAVES
Adicionalmente existen tres demandas de inconstitucionalidad interpuestas contra la Ley Universitaria Nº 30220.
La primera de ellas es del Colegio de Abogados de Lima, la segunda pertenece a 8 mil 411 ciudadanos.
Mientras que la última es del Colegio de Abogados de Lima Norte. Todas deber ser vistas por el Tribunal Constitucional.
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