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A Marina Cieza (57) la amenazaron de muerte tantas veces que huyó hacia Lima. En los ochentas el terror atacaba el país y tocaba la puerta de las aulas del distrito de Pólvora, en San Martín. Los terroristas no solo querían acabar con su vida, sino con la de sus hijos.
La ex directora interina, profesional técnica, ex sindicalista asegura hoy resignada, pero a salvo, que las amenazas en esta zona de emergencia comenzaron con golpes también castrenses. "Aún prefiero morir de un balazo que torturada", dice. El miedo –décadas después– la persigue, aunque solo sea un indeseado recuerdo.
De su natal Chiclayo, con el título técnico de auxiliar de contabilidad, viajó a Tocache en busca de trabajo. De Tocache escapó a Lima por su vida. Recorrió 622 kilómetros dejando atrás 8 años de labores como directora y llegó a Comas para ejercer la docencia. Después de 24 años se despide de las aulas de primaria con más resentimiento que pena.
El pasado 31 de enero se oficializó su retiro por no contar con un título profesional o pedagógico. Marina ingresó como técnica a dictar clases en la selva, sin ser licenciada en Educación.
Lo hizo en los ochentas, la década con el mayor número de ciudadanos que, con otras profesiones, siendo bachilleres en Educación o con secundaria completa, fueron nombrados de manera interina.
Esta iniciativa, años atrás, había nacido a fin de cubrir la demanda educativa en zonas rurales alejadas, de frontera, alto andinas y amazónicas. Sin embargo, entre 1985 y 1990 se aplicó en tal medida que –según la Unesco– habían más maestros interinos que titulados, recuerda Manuel Paiba, docente experto en legislación magisterial y autor del primer proyecto de la Ley de Reforma Magisterial.
Puestos como los de Marina tenían una condición desde el inicio: el obtener el título profesional para lograr su incorporación a la Carrera Pública Magisterial; es decir, ser maestros de carrera. Mientras que no lo lograban, estos nuevos profesores ganaban menos que el resto: 1000 soles en promedio.
Esta sería la razón por la que el profesor de Historia y Geografía, Eyner Acosta (62), no logró obtener el esperado título profesional. En 1984 ingresó como docente en el distrito de Huaylas (Áncash) siendo bachiller de Psicología. Los 1.050 soles de sueldo mensual resultaron insuficientes para poder titularse, comenta.
En la Universidad Privada de San Pedro, en Huaraz, siguió la complementación pedagógica que le permitiría titularse. Luego vedrían los procesos regulares, la validación curricular, los exámenes con jurado y más de mil soles en trámites. Llegó a noveno ciclo.
Siete años después lo volvió a intentar.
No obstante, en la universidad ya figuraba como alumno inactivo. Tenía que realizar un nuevo pago de 700 soles para acceder al sistema universitario. Esa sería la última tentativa para al que le faltan tres años para jubilarse.
Ahora admite que la carga familiar pesó más que la posibilidad de titularse. "Tuve que aceptar las condiciones de remuneración en el trabajo, pero el Ministerio de Educación acarrea la responsabilidad en los docentes. Cree que purgar a los no titulados es una forma de lavar la crisis que existe", comenta resignado. ¿Qué hará después?, le preguntan. Él responde con amargura: "A los 62 años, ¿a dónde puedo ir?".
Marina añade otro motivo.Mientras trabajó en Pólvora (Tocache, San Martín) también intentó complementar sus estudios en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público "Gran Pajatén" de Juanjuí, hasta que la amenazaron de muerte. Escapó a Lima y sus papeles quedaron a la espera.
El peligro le impidió volver durante varias décadas. Hace 7 años decidió retornar a Juanjuí. Durante un mes gestionó el título, mientras el miedo retornaba y llegaba a niveles clínicos. De pronto, en el instituto se comprometieron a enviar los documentos a Lima. Aún los espera.
De un bolsón saca certificados, diplomas de capacitaciones. Enseña sus notas como un niño aprobado en conducta.
Para ella no sería una mala idea que les permitan incorporarse, previo concurso, al cargo de auxiliares de educación. Esa es la propuesta que el sector recibió por parte del sindicato magisterial a fin de que los maestros interinos que carecen de título no se queden fuera del sistema una vez ejecutado el cese. Luego, suelta pequeñas arengas, reclama el accionar de los gobiernos. Tiene 6 hijos, vive con su esposo en Independencia y anuncia: "Abriré un restaurante".
CESE Y BENEFICIOS
Eyner y Marina están en la lista de 9.548 docentes que no se inscribieron para la evaluación excepcional del domingo 29 de marzo, con la que podían convertirse en maestros de carrera. Para postular debían acreditar su título y rendir ese examen. Al incumplir con el proceso, y según la Ley de Reforma Magisterial, debían ser retirados el 31 de enero. Las resoluciones de cese ya circulan.
Además de la falta de dinero, los profesores interinos responsabilizan a la lejanía de sus instituciones, la burocracia, la falta de cursos de profesionalización. "Sabemos que estos maestros ganan poco, debían trabajar en más de un lugar. Hay que darles una opción laboral acorde con sus posibilidades. Sería bueno que sean auxiliares", comenta la especialista Teresa Tovar.
En La Libertad hay 200 docentes cesados, de los cuales 16 son de la UGEL Sánchez Carrión, a la que pertenece Miguel Ángel Carranza. Durante 25 años permaneció en las aulas como bachiller en Educación. En el distrito de Sarín tuvo a su cargo a niños del nivel inicial. Él tampoco sacó el documento por dificultades económicas. Pide otra oportunidad. "Detrás de uno hay una familia a la que tenemos que mantener".
El investigador Manuel Paiba destaca y reconoce el servicio "invalorable" de los interinos, sobre todo al asumir lo que no querían realizar muchos nombrados: llegar a zonas inhóspitas, lejos de áreas urbanas. A pesar de ello, añade: "Es difícil hacer generalizaciones, pero... ¿cómo es que la inmensa mayoría, que también trabajó en las mismas condiciones, sí se llegó a titular?".
Sonia Vergaray (52) cuenta con un bachiller en Educación, pero no con título. Mientras espera su turno en el local del Sutep, comenta que –una vez que llegó de Chimbote– no solo debía correr con los gastos de su familia, sino pagar por un hospedaje y hasta trabajar en otra institución. A los 25 años comenzó a laborar como interina en una institución inicial de Márquez, Ventanilla.
Ahora tiene a su cargo sus dos hijos. En unos días la operarán de la rodilla. Al mes recibe poco más de 600 soles, luego de haber solicitado un préstamo. Mientras tanto, junto a otros colegas, realiza las coordinaciones para interponer un acción de amparo y hallar la forma de no alejarse del magisterio.
"En la Dirección Regional del Callao emitieron –el viernes pasado– un informe escalafonario en el que no figuran mis capacitaciones ni estudios. Eso ahora lo tiene el Ministerio...", denuncia.
Lo cierto es que desde la Ley del Profesorado (1984) los maestros sabían que era necesario contar con el título profesional. Sin embargo, los periodos se ampliaban y no se determinaba qué se haría con los que incumplían la medida. Hasta que la Ley de Reforma Magisterial (2012) puso un plazo de 2 años y, por primera vez, se definió el cese de aquellos que no contaban con el documento.
El Minedu informó que docentes como Sonia y Miguel recibirán su Compensación por Tiempo de Servicio (CTS). Paiba, por su parte, detalló que lo máximo que un maestro podrá percibir (con 30 años de servicio, categoría A y 40 horas) serían 2.316 soles. También una pensión, según su régimen.
En mayo próximo, los interinos que desaprueben el examen también serán cesados.
CLAVES
Reacción. El ministro Jaime Saavedra adelantó que el cese se realiza de manera regular; sin embargo, los maestros podrán participar en el concurso de auxiliares si es que cumplen con requisitos como la capacitación y la obtención del título.
Propuesta. Para que los maestros no pierdan vínculo laboral, el Sutep plantea que este mes se convoque al concurso para nombramiento de auxiliares. Allí participarían los maestros interinos.
Grupo. En todo el país hay 14 mil interinos, lo que equivale al 5% de los docentes titulados. De ellos, más de 9.500 son los cesados.
Fuente: La República
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