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En los primeros dos meses del 2014, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidirá el destino de siete controvertidos alcaldes con procesos de vacancia por acusaciones de uso irregular de recursos públicos y nepotismo, que podrían acabar con sus carreras políticas en el último año de su gobierno.
Los alcaldes Carlos Burgos (San Juan de Lurigancho), Roberto Gómez Baca (Surco), Adolfo Ocampo (San Juan de Miraflores), Jorge Luis Barthelmess (San Bartolo), Enrique Peramás (Rímac) y Rafael Álvarez (Carabayllo) podrían sumarse a otras 52 autoridades municipales destituidas en lo que va del período de gestión 2011-2014.
A ellos se suma el alcalde de Trujillo, César Acuña. Los concejos municipales de estas autoridades votaron en contra de sus vacancias, pero los promotores insistieron y presentaron recursos de apelación ante el JNE.
Solo en el 2013, el JNE, presidido por Francisco Távara, destituyó a 24 alcaldes provinciales y distritales del país y archivó 90 pedidos de vacancia que llegaron a sus manos por apelaciones o recursos extraordinarios.
El alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, podría ser separado por el cobro irregular de bonificaciones extraordinarias en el municipio entre el 2011 y el 2012.
Las vacancias contra los alcaldes de Surco y San Bartolo, Roberto Gómez Baca y Jorge Barthelmess, respectivamente, involucran denuncias por nepotismo y supuestos favores a socios de sus parientes pagados con dinero público.
Gómez Baca es acusado de permitir la contratación de su tío, Nicanor Nunura, como supervisor del área de limpieza de la municipalidad. Mientras que al alcalde Barthelmess se le atribuye haber designado un funcionario y un asesor en el municipio de San Bartolo ligados a los negocios de su familia.
Los alcaldes Adolfo Ocampo, de San Juan de Miraflores, y Rafael Álvarez, de Carabayllo, enfrentan pedidos de destitución por favorecer a empresas privadas a costa de los recursos de sus comunas. Enrique Peramás, alcalde del Rímac, podría ser destituido por no consignar en su declaración jurada presentada al JNE una sentencia condenatoria de dos años de prisión suspendida por peculado y malversación de fondos en el 2002.
Mientras que el alcalde de Trujillo, César Acuña, enfrenta la vacancia por el uso de S/.8’438.220 del municipio para financiar propaganda de su partido político. Su caso sentará un precedente sobre los fines de la publicidad de las obras de las autoridades.
PROPUESTA DEL JNE
Con la propuesta del nuevo Código Procesal Electoral presentada al Parlamento, el JNE planteó que se amplíen las causales de vacancia de los presidentes regionales para incluir el nepotismo y las restricciones de contratación.
Fuente: El Comercio
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