Un gran sector de la comunidad educativa de la región no puede entender como el nuevo director regional de Educación de Lima provincias (DRELP), Ovidio Espinoza Escajadillo, ratificó en sus cargos a los controvertidos y cuestionados "verdaderos responsables" de la crisis y presuntos actos de corrupción en dicha dependencia, como son el asesor jurídico Daniel Córdova Paucar y el director de gestión Institucional Rolly Barrenechea Abarca.
A los dos funcionarios se les considera como presuntos autores de los actos irregulares de manejo del PELA, recursos propios, fracasados concursos, así como el pago por incentivos laborales de noviembre y diciembre del 2012, que se habrían realizado a los trabajadores administrativos de la entidad, con dinero que en un primer momento habría sido destinado para efectuar compras y servicios por encargo.
Mientras en muchos colegios de zonas rurales y urbano marginales de la región Lima carecen de carpetas y tienen que sentarse en ladrillos, troncos o en el suelo; la modernidad de la informática y las comunicaciones es un sueño, sus servicios higiénicos son una desgracia; los funcionarios de la DRELP que deberían estar empeñados en lograr el mejoramiento de la calidad de la educación, están concentrados en otros aspectos que no contrarrestan la crisis del sector.
Asimismo, a Córdova y Barrenechea se les vincula en la fantasmal distribución de los sobrantes del polémico PELA, a parte de la inversión de su presupuesto asignado para el año lectivo.
ESCANDALOSA DEMORA
Como es conocido por la comunidad educativa regional y los medios de comunicación, el asesor jurídico Córdova Paucar, durante la gestión del maestro Dolorier, ocupaba gran parte de su tiempo en desempeñarse como "director de la DRELP" y su principal función "dormía el sueño de los justos".
La Jornada, ha podido tomar conocimiento que en el despacho de Asesoría Jurídica existen expedientes que tienen mas de seis meses, un año, desde que asumió funciones, y hasta la fecha no han sido atendidos, no tienen pronunciamientos.
Los expedientes retenidos en dicha dependencia, son de diversos casos, subsidio por luto y sepelio, tiempo de servicios, denuncias por actos de corrupción como el caso de Oyón y el falso administrador. Y con todo esto ha sido ratificado.
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