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La creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Suneu) traerá consigo el cese de funciones de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), institución que, en reiteradas oportunidades, advirtió que la autonomía está en peligro con el proyecto que el lunes 08 de diciembre fue aprobado por la Comisión de Educación.
Según el texto sustitutorio de la nueva ley universitaria, esta superintendencia se encargará de la supervisión de la calidad en la educación, fiscalizar el uso de los recursos y autorizar la apertura de nuevas universidades.
Con ello, y tal como lo dice las disposiciones complementarias del proyecto, la instalación de la Suneu provocará el cierre de la ANR. Es más, los bienes muebles e inmuebles, así como los recursos humanos, serán transferidos a la nueva institución.
Luego de su eventual promulgación, el Ministerio de Educación tendrá sesenta días para convocar e instalar la nueva superintendencia, la cual estará conformada por un representante del Ministerio de Educación, un representante del Ceplan, un representante del Concytec, dos representantes de las universidades públicas, dos representantes de las universidades privadas, un miembro de los colegios profesionales y un representante del sector empresarial.
El proceso de transferencia de los recursos de la ANR a la Suneu, el cual tendrá un plazo no mayor a los 120 días, contará con la supervisión de Servir, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Contraloría General de la República y Oficina de Normalización Previsional (ONP).
Por su parte, el presidente de la ANR, Orlando Velásquez, calificó este proyecto como un golpe a la autonomía universitaria, tras indicar que el presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, no tiene el nivel técnico ni académico para conducir el debate de este proyecto.
El titular de la ANR consideró que no existió un “debate profundo, transparente y amplio, demostrando en todo momento apresuramiento por dejar expedita la propuesta tal como ha ocurrido”,
Además, responsabilizó a Mora Zevallos por los hechos que vayan a ocurrir luego de su aprobación.
Fuente: La República
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