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"Mala calidad" fue el argumento que más se utilizó en los últimos meses para criticar a la universidad peruana.
Muchos la defendieron y pidieron que no se meta a todas las casas de estudios superiores en un mismo saco, pues no todas son iguales, lo cual es verdad. Según registros de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), de las 140 universidades, entre públicas y privadas, que funcionan en el país, solo 76 son institucionalizadas.
El resto, es decir, 64 sedes, solo cuentan con una autorización provisional de funcionamiento otorgado por el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu). Sin embargo, en el registro de esta entidad figuran solo 51, e incluso algunas solo cuentan con Ley de Creación.
Por tener esta condición, en lugar de un rector, las dirige el presidente de una comisión organizadora.
Solo en Lima hay 25 universidades en esa situación, aunque, según el Conafu, sólo son 19. Entre ellas figuran las universidades Peruana Simón Bolívar, Nacional Tecnológica del Cono Sur, de Ciencias y Humanidades, Peruana de Integración Local, Autónoma del Perú, Arzobispo Loayza, Ciencias y Artes de América Latina, Peruana de Arte Orval, Privada SISE, por mencionar solo algunas.
A pesar de su condición de provisionalidad, que no garantiza que cuenten con lo necesario –en infraestructura ni en personal docente calificado–, igual entregan títulos en nombre de la Nación.
Inclusive, a pesar del tiempo transcurrido, hay universidades, como la de Desarrollo Andino, la Privada Sergio Bernales y la Nacional Intercultural de la Amazonía, que no han regularizado su situación y trabajan con la autorización "provisional" desde hace más de diez años, sin que ninguna norma se lo impida.
Muchas universidades, 16 en realidad, fueron creadas por el Congreso durante el segundo Gobierno de Alan García, sin importar si tenían o no recursos, local propio o si comenzaron sus funciones sobre la filial de otra universidad e institutos que ya estaban funcionando, como ocurrió con doce casas de estudios superiores, lo cual generó conflictos y enfrentamientos. Por eso llama la atención que el Apra ahora cuestione este problema.
Tal es el caso de las universidades nacionales de Barranca y autónoma de Tayacaja "Daniel Hernández Morillo".
Y a pesar del desorden en la creación de universidades, legisladores como Pedro Spadaro, Renán Espinoza, Yonhy Lescano, Ana Jara, José Urquizo y Rubén Coa propusieron sus respectivos proyectos de ley para crear otras instituciones más en sus regiones de origen.
Lucrativas
Pero además de todo ello, existen dos tipos de universidades privadas: las que siguen al amparo de la Ley Universitaria vigente (sin fines de lucro) y las que regula el Decreto Legislativo N° 882 (con fines de lucro). Sin embargo, no hay gran diferencia en el cobro de pensiones entre unas y otras.
El presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES), José Dextre Chacón, señaló en una columna a mediados de año, que "la PUCP, la de Lima, Cayetano Heredia o Pacífico, poseen pensiones iguales o mayores a las universidades con fines de lucro, o mejor llamadas Societarias por ser su persona jurídica una Sociedad Anónima".
Es decir, señala Dextre, que el lucro o no lucro no garantiza la gratuidad ni que haya pensiones más bajas.
¿Cuál es la diferencia? Dextre indica que "simplemente el destino del saldo (utilidad o excedente) que surge al restar los egresos de los ingresos".
Problemas y desorden
El investigador en temas de educación del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Ricardo Cuenca, refiere que este escenario indica que hay un problema con los mecanismos de lacalidad educativa que tiene el país, ya que los organismos que deberían velar por ese "aseguramiento de calidad" están trabajando de manera aislada al momento de brindar las autorizaciones y acreditaciones a las universidades.
"La autorización, que se conoce como el licenciamiento, es decir, el control de calidadque el Estado otorga a las universidades para que estas funcionen, está en manos del Conafu y no está funcionando del todo bien", remarca, y lamenta que egresen estudiantes que no han sido bien preparados.
Agrega que más allá de la legalidad de los títulos que entreguen las universidades no institucionalizadas, estos tienen poco valor comercial, por lo cual las posibilidades de los jóvenes egresados para conseguir empleo serán casi nulas.
De hecho, según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Perú se encuentra como el segundo país con mayor subempleo en América Latina.
Cuenca añade que el Conafu no debería tardar 10 años para otorgar una licencia definitiva, pero existe un vacío legal en el que trabajan; similar al que tiene la ANR, que recibe fondos del pliego del Ministerio de Educación sin llegar a ser un Organismo Público Descentralizado (OPD) de esa cartera.
Pero además, dice, sería ideal saber bajo qué criterio se otorgan los permisos, pues parecen ser más que elementales.
Asimismo, recomendó que además de un organismo del Estado que vele por el adecuado otorgamiento de las licencias de funcionamiento y la acreditación, se necesitan auditorías académicas que evalúen periódicamente el funcionamiento de las universidades.
"Este sistema de auditoría no existe y por eso tenemos una situación caótica, no solo en el Perú sino en América Latina", sostuvo.
Aunque remarcó que la calidad debería garantizarse desde un inicio, es decir, al momento de entregar la licencia de funcionamiento, porque si no los estudiantes y sus padres tendrían que esperar cuatro o cinco años para la acreditación. En pocas palabras, estudian en un lugar sin garantía.
Plazo para licencia debe ser de 5 años
El vicepresidente de la ANR, Enrique Bedoya, explicó que las universidades institucionalizadas responden a esta entidad y tienen plena autonomía, mientras que las no institucionalizadas se encuentran en el ámbito del Conafu, que es el encargado de evaluarlas.
Señala que lo ideal es que máximo en cinco años las universidades logren su licencia de funcionamiento definitiva.
La ANR advierte que la entidad que usa las denominaciones "Universidad Privada Los Ángeles", "empresa universidad Los Ángeles SA" o "empresa universidad Los Ángeles SRL", carece de valor legal, por lo que sus títulos no tiene validez.
Precisaron que la sede que sí tiene validez es la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.
En cifras
76 universidades tienen la condición de institucionalizadas.
64 universidades funcionan con una licencia provisional.
16 casas de estudios superiores fueron creadas en el gobierno anterior.
Fuente: La Repúbluca
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