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El alto comisionado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad (ODS) del Poder Ejecutivo, Vladimiro Huaroc, planteó suscribir un pacto político-electoral entre los líderes regionales y posibles candidatos, para evitar la conflictividad social con miras a los comicios de 2014.
Tras advertir que el próximo año podrían enarbolarse supuestas “banderas reivindicativas” que promuevan la violencia con fines electorales, consideró necesario que ese acuerdo contra la conflictividad en las campañas se suscriba ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Mencionó que en el Perú ya es costumbre que, previo a un proceso electoral, los dirigentes de los frentes de defensa y de lucha convoquen a movilizaciones y paralizaciones,lo cual debería descalificarlos para asumir el papel de candidatos en una contienda electoral.
En ese sentido, opinó que en este pacto se podría plasmar el compromiso de los líderes regionales para priorizar las propuestas electorales y descartar cualquier tipo de acción orientada a promover paros, marchas o toma de carreteras, aprovechando el descontento del electorado.
“También hay que trabajar normas que tengan carácter de control para esas situaciones. Tenemos que estar muy atentos y ponerle un freno a esto porque la institucionalidad el país está primero. Es urgente discutir este tema con el JNE”, dijo recientemente el funcionario a la Agencia Andina, en una entrevista de balance de fin de año.
Otro aspecto a considerar, añadió Huaroc, está referido a evitar que sectores políticos en el interior del país puedan infiltrar candidatos vinculados al narcotráfico o al lavado de activos, porque -según comentó- líderes con ese perfil no pueden promover banderas políticas en un proceso electoral.
El funcionario de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) planteó que no solo los partidos políticos y movimientos regionales sustenten sus gastos de campaña, sino también todos sus candidatos, quienes incluso, a su juicio, deberían levantar su secreto bancario, en aras de la transparencia.
Agregó que si los candidatos del interior del país presentan antecedentes relativos a acciones de violencia, denuncias o vínculos con el narcotráfico, deben ser retirados de la agrupación política que los acoge e impedidos de postular a algún cargo de elección popular.
“No hay que esperar a que sean elegidos como autoridades para recién intervenir. Yo creo que desde antes se deben tomar estas decisiones para que esto a nadie le sorprenda (…) Hay que elevar la valla y que la transparencia tenga un mayor filtro”, puntualizó.
Fuente: Andina
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