APRUEBAN DICTAMEN SOBRE FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO A PARTIDOS

En sesión extraordinaria, la Comisión de Constitución aprobó el dictamen sobre financiamiento público y privado a los partidos políticos, que considera la participación de los organismos electorales y la Contraloría General de la República en la fiscalización del uso del financiamiento público.

Así lo informó el presidente de este grupo de trabajo, Fredy Otárola, quien precisó que la iniciativa recoge los planteamientos formulados por los organismos electorales.

“Hemos dado un gran paso para lograr la transparencia en las aportaciones que reciben los partidos políticos, con la participación de los órganos electorales y la Contraloría de la República”, señaló.

El dictamen contó con los votos favorables de Vicente Zeballos (SN), Rosa Mavila y Sergio Tejada (AP-FA), así como de Ana María Solórzano de la bancada nacionalista y Marco Falconí de Unión Regional. 

También votaron a favor los congresistas fujimoristas Martha Chávez, Rolando Reátegui, Luz Salgado y Alejandro Aguinaga, mientras que los legisladores Javier Velásquez Quesquén (Concertación Parlamentaria) y Jaime Delgado (Dignidad y Democracia) se abstuvieron.

Otárola indicó que ha presentado un escrito para que la Junta de Portavoces exonere del trámite de publicación en el portal del Congreso de este dictamen, de manera que sea visto hoy mismo en la sesión vespertina del pleno.

De acuerdo al proyecto aprobado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) colaborará con la Contraloría de la República en el suministro de información para fiscalizar el financiamiento público directo. 

Los partidos o alianzas que hagan uso indebido de este financiamiento serán sancionados con una multa equivalente a no menos de diez veces ni más de 30 veces el monto usado indebidamente. 

Otárola señaló que en caso de persistir el incumplimiento en el pago de dichas multas, las organizaciones partidarias y políticas podrían perder su inscripción.

Respecto al financiamiento privado, el texto establece que las aportaciones privadas de personas naturales o jurídicas, ya sea en efectivo o en especies, no debe superar las 200 Unidades Impositivas Tributarias (UIT’s) al año.

Finalmente, Otárola sostuvo que, a pedido de los órganos electorales, se ha propuesto modificar el artículo 46° de la Ley de Radio y Televisión para que la contratación de publicidad electoral se realice en igualdad de condiciones y con tarifas mínimas para todas las organizaciones políticas, las mismas que no deben ser superiores a las cobradas por publicidad comercial entre privados.

Fuente: Andina