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El contrato de instalación de bloqueadores de celulares en las cárceles del país cumplió el fin de semana un año de vigencia, en medio de graves acusaciones y cuestionamientos. Al escándalo por la presunta inoperancia de los equipos instalados en el penal de Huaral, se sumó ayer la denuncia de que los plazos acordados no se están cumpliendo.
El acuerdo firmado el 17 de octubre del 2014 por la empresa Prisontec (ganadora de la licitación) y el Estado, señalaba que para el primer año 17 de los 33 penales incluidos en el contrato debían de contar con sistemas de bloqueo funcionando al 100%. El sábado último se cumplió dicha fecha, pero los resultados distan mucho de lo que se esperaba.
A la fecha, solo dos establecimientos penitenciarios cuentan con bloqueadores debidamente instalados. Se trata de los recintos de Cañete y de Huaral. Este último duramente criticado por un informe periodístico del programa Reporte Semanal, que demostró cómo la señal de telefonía móvil se filtraba en un sector de uno de sus pabellones.
Llamada de atención
Ante esta situación, la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, presidida por Fernando Andrade, envió a fines de la semana que pasó los oficios N° 049 y 050 al Ministerio de Justicia (Minjus), solicitando un informe detallado sobre los avances de la instalación de bloqueadores.
"Nos tienen que informar qué es lo que está pasando, porque están totalmente atrasados. En todo un año solo han podido instalar dos (bloqueadores), no quiero ni imaginar cuánto van a tardar para acabar los treinta y tres acordados", expresó Andrade en diálogo con La República.
El parlamentario mostró su preocupación por la demora del proceso y el posible incumpliento del contrato, que estipula que, para julio del 2016, los 33 penales deberían tener su sistema de bloqueo, tanto de telefonía móvil como de internet, en perfecto funcionamiento.
"De momento solo hay dos penales en los que han sido instalados, y uno ni siquiera al cien por ciento. Al ritmo que van, va a ser muy difícil que puedan cumplir el acuerdo y por eso es la llamada de atención. El Ministerio de Justicia debe ponerse las pilas y exigir que se cumplan los plazos", refirió el parlamentario.
Pero Andrade no solo exigió una reacción del Minjus, también lo hizo con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), debido a que aún existe la filtración de equipos celulares en las prisiones. "Los que están encargados de los penales, sea la Policía Nacional o el INPE, no están haciendo las requisas correspondientes para limpiar de celulares las cárceles. Todavía hay gente adentro que los utiliza", acusó.
Retraso del Minjus
El representante de Prisontec, Tito Fernández, habló sobre el retraso de la instalación de los bloqueadores, e indicó que se debe a la demora de los estudios técnicos previos, los cuales debieron estar a cargo de especialistas y sin embargo han sido asumidos por el propio Ministerio de Justicia.
"Antes de instalar los equipos requerimos de un Estudio Técnico Especializado (ETE) aprobado. Lamentablemente, solo se han aprobado cinco. Proinversión nunca contrató especialistas en supervisión y delegó esta función al Minjus, que hace todo lo posible pero no cuenta con ingenieros capacitados", explicó.
Fernández agregó que para la quincena de noviembre, los penales de Ica, Callao y Chincha también contarán con bloqueadores. "En Ica y Callao los equipos ya están a prueba, en Chincha se instalarán en los próximos días. Debo aclarar que Prisontec ha cumplido el cronograma, pero este se ha venido modificando sobre la marcha", apuntó.
La correcta implementación de los bloqueadores permitirá combatir delitos graves como extorsión, secuestro y sicariato. Según estadísticas del INPE, más del 80% de las amenazas de muerte o extorsión telefónica fueron perpetradas en los últimos cinco años desde las cárceles. Cabe señalar que en su primera semana de funcionamiento en el penal de Cañete, los bloqueadores registraron 2700 llamadas realizadas por los internos.
Fuente: La República
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