RIESGO. Burgomaestres de San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Comas y Los Olivos apoyan esta iniciativa. Ministro del Interior: Solicitud es inviable, los militares no están preparados para cumplir con la labor de la Policía.
La inseguridad ciudadana en la capital ha crecido a tal punto que en diversos distritos se demanda la intervención de las Fuerzas Armadas. Los pedidos van desde la declaración del estado de emergencia en San Juan de Lurigancho hasta la propuesta de que los militares patrullen las calles y se imponga un toque de queda en San Juan de Miraflores de 12 de la noche a 5 de la mañana.
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Vecinos de este último distrito desfilaron ayer por el municipio para firmar un petitorio en respaldo a estas medidas propuestas por su alcalde, Javier Altamirano, en su objetivo de frenar la delincuencia en su jurisdicción.
Según explicó Altamirano, hasta el mediodía de ayer, al menos mil personas habían firmado esta solicitud y adelantó que dirigentes de Pamplona Alta y Baja, así como María Auxiliadora y la Nueva Rinconada le han solicitado los planillones y se encuentran recolectando firmas que serían llevadas al Ministerio del Interior y al Congreso.
Entre las propuestas del burgomaestre de SJM se pide que se restablezca el Servicio Militar Obligatorio, que los efectivos de las Fuerzas Armadas patrullen las calles y que se disponga un toque de queda.
Contrariamente a lo que apuntan los expertos en materia de seguridad, Altamirano asegura que es posible la participación de las FFAA porque considera que la policía y el serenazgo no se dan abasto. "Tengo 150 serenos, son poquitos y no es suficiente. Las guerras se pierden por cantidad numérica. La policía nacional que tenemos está haciendo un buen trabajo pero no alcanza. La delincuencia es mayor", dijo.
Recordó que su propuesta podría darse al amparo del Decreto Legislativo 1095 en el que se indica que las FFAA pueden brindar apoyo a la policía. La norma, sin embargo, en su artículo 4.3 especifica que se establece "en caso de tráfico ilícito de drogas, terrorismo o protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país".
Esta propuesta ha sido respaldada por los alcaldes de Los Olivos, Comas, Callao y San Martín de Porres, este último con reservas porque recuerda que constitucionalmente el orden interno está en manos de la policía.
Mientras que tanto el alcalde de Paita, Luis Dioses Guzmán, como el gobernador del Callao, Félix Moreno, consideraron necesario que sean miembros de la Marina de Guerra quienes patrullen las zonas inseguras en sus localidades.
Hace unas semanas, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Juan Navarro, pidió que se declare el estado de emergencia en este distrito por los casos de extorsión a colegios particulares y que desencadenaron en la muerte del director del colegio privado María Montessori y el asesinato de dos vigilantes de Alpamayo School en el mismo distrito.
En contraparte, a través de un comunicado, el alcalde de Barranco, Antonio Mezarina, refirió que "la seguridad ciudadana requiere de un tratamiento especial".
"Como militar en retiro del Ejército Peruano y por experiencia puedo señalar que la capacitación y formación de las Fuerzas Armadas están dirigidas a la lucha contra el terrorismo y defensa del territorio", manifestó al tiempo que invocó que ante esta ola delincuencial se tiene que combatir con un compromiso de las diferentes instituciones del Estado.
Previamente, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, manifestó su oposición ante este pedido. Sin embargo, reiteró su propuesta de que los serenos usen armas no letales y realicen arrestos.
"No es viable”
El titular del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, insistió en que las Fuerzas Armadas no están preparadas para patrullar las calles, ni tampoco cumplir con la labor de la Policía. En las últimas semanas Pérez Guadalupe se ha reunido con diversos alcaldes para tratar el tema de inseguridad.
Consideró que la propuesta de algunos alcaldes para que los militares intervengan en la seguridad ciudadana es inviable.
"Personalmente no le veo mayor viabilidad en estos casos porque las Fuerzas Armadas no están preparadas para hacer una función policial. No se trata de tener un arma y disparar. Al primer muerto que haya de parte de algún efectivo del Ejército o la Marina allí vienen los problemas", enfatizó.
No obstante, el titular del interior reconoció que la delincuencia ha crecido pero recalcó que la Policía Nacional debe seguir trabajando con inteligencia para combatirla. "Seguiremos arrasando con todas las organizaciones criminales que ya están identificadas", refirió.
Alertan de posible riesgo de la medida
El constitucionalista Enrique Bernales coincidió con la postura del ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, y alertó que la presencia de las FF.AA. en las calles es riesgosa. "Una acción de control de tipo policial tiene una serie de recursos y métodos que no son los que emplean las Fuerzas Armadas y puede exponer a la población a situaciones de alto riesgo", indicó.
"En un centro urbano como es Lima, Chimbote o Trujillo, es imposible y peligroso. Además, no tendría que aplicarse en un solo distrito sino en el conjunto de toda la ciudad. Podría haber un desplazamiento armado excesivo, cuando lo que se necesita es un trabajo bien planificado, intenso y coordinado entre el Ministerio del Interior y los municipios", explicó.
Bernales precisó que esta situación es completamente distinta a lo que ha ocurrido en Islay y en otras zonas de conflicto social donde las FFAA han apoyado el trabajo policial. Sin embargo, dijo que no es inconstitucional sino inviable. "Constitucional puede ser, pero no le veo viabilidad y que convenga su aplicación", acotó.
ENFOQUE
Propuesta sería contraproducente
Wilfredo Pedraza
Ex ministro del Interior
Comparto con los alcaldes la necesidad de trabajar de una manera más integral en materia de seguridad, pero creo que está jugando a los símbolos cuando pretenden que las Fuerzas Armadas salgan a combatir a la delincuencia.
En principio, se tendría que definir cuál sería el rol de las FFAA en esta materia. También hay que precisar que el decreto que regula el apoyo de las FFAA a la Policía dice claramente que se aplica en casos de carácter social de conflictos, pero para el control de servicios básicos: carreteras, servicios de agua, luz, etc.
¿Qué va a hacer un soldado cuando vea un carterista o un hurto?, ¿le va a disparar? Resulta contraproducente, porque esto puede empeorar la situación. Como ha pasado en México, podrían incrementarse las víctimas civiles. Se tiene que invertir más en equipamiento, lograr una mejor coordinación con el serenazgo, la Policía y organizar las juntas vecinales. Esas son las respuestas técnicas que generan resultados.
Fuente: La República
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