domingo, 28 de abril de 2013

DELITO POR EL QUE ES PROCESADO ROBERTO MARTÍNEZ ES PENADO HASTA CON CINCO AÑOS DE CÁRCEL

Delito por el que es procesado Roberto Martínez es penado hasta con cinco años de cárcel
La complicada situación judicial de Roberto Martínez por el caso de interceptación telefónica en el Callao podría valerle hasta cinco años de cárcel si es hallado culpable.

Como se sabe, el ex futbolista es procesado por el supuesto delito de violación del secreto de las comunicaciones, en la modalidad de interceptación o escucha telefónica, en agravio de funcionarios ediles y regionales del Callao.


De acuerdo al Código Penal, la condena por este delito es de tres años de cárcel pero en el caso de funcionarios públicos se extiende a cinco años, indicó el abogado penalista Mario Amoretti, en comunicación conelcomercio.pe.

Este es el caso de Martínez, quien tuvo el cargo de gerente de Servicios Sociales en la municipalidad del Callao, en la gestión del alcalde Juan Sotomayor, cuando salió a la luz la denuncia sobre una red de escuchas telefónicas.

Actualmente, el Noveno Juzgado Penal del Callao ordenó su detención para prevenir cualquier inconveniente que empañe el proceso judicial donde figura como instigador del delito.

DETENCIÓN NO TIENE SUSTENTO
Sin embargo, para el penalista Mario Amoretti, esta orden no tendría sustento porque no hay una evaluación objetiva por peligro de que pueda fugar del país. “El juez dice que hay la posibilidad de que pueda perturbar y no, el Tribunal Constitucional ha reiterado que esta perturbación o posibilidad de fuga debe ser manifiesto, algo objetivo, y no a criterio o bajo el pensamiento del juez”, dijo Amoretti.

Indicó que “no procede la orden de privación de libertad”, en especial por que el juez indica que “hay la posibilidad de perturbación de la actividad probatoria” cuando el ex futbolista acudió a las citaciones y tiene domicilio fijo.

En caso, el ex jugador sea detenido, pasaría al penal de Sarita Colonia, en el Callao, por el lugar donde se cometió la falta.
Fuente: El Comercio

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