Hace algunos años atrás era posible andar por todos los rincones de esta ciudad sin preocuparse de la hora, sea en el día, noche, o madrugada, sin temor a ser víctima de un asalto por algún delincuente o pandilleros, sin embargo hoy no podemos decir lo mismo. Los arrebatos, los “cogoteos”, los asaltos, hurtos, y demás actos ilícitos en agravio de las personas y sus bienes, se han convertido en rutina, en el pan de cada día, generándose una inseguridad ciudadana, puesto que el Estado, no se encuentra en condiciones de brindar plena seguridad. Es una realidad inocultable que la delincuencia ha crecido, han aparecido bandas u organizaciones criminales, de adultos o de adolescentes y jóvenes, o mixtos, vinculados al tráfico ilícito de drogas, asaltos a mano armada, “marcas”, entre otros.
Ante esta realidad, la respuesta del Estado, sigue siendo la misma, poca o nula prevención con medidas a corto plazo y represión. Ello se manifiesta a través de las campañas mediáticas de endurecer las sanciones o “mano dura”, campañas de “tolerancia cero”, rebasándose las cárceles, con el subsiguiente hacinamiento y violencia dentro de ellas, y al cumplir con el periodo de reclusión, sin haber logrado una real rehabilitación, retornan a la sociedad, con la agravante de salir estigmatizados, por tanto excluidos socialmente, sin oportunidades de reinsertarse a la comunidad, y que conlleva a la reincidencia.
En el caso de los adolescentes infractores a la ley penal, es decir de, aquellos menores que tienen 14 años de edad y hasta que cumplan 18, que han cometido un delito o una falta previsto por el Código Penal, se someten a la Justicia Penal Juvenil, igualmente discriminadora y represiva, por eso algunos estudiosos del tema, señalaban que “Maranguita era la antesala de Lurigancho”, y que el propio Estado, en forma incoherente y absurda había establecido un sistema “que formaba y perfeccionaba a los delincuentes”. Entonces el internamiento a un Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación o simplemente la entrega a sus padres o representantes, por sí solo, no significan ninguna medida que resuelva el problema, por el contrario, una política represiva y de exclusión únicamente va a lograr reincidencia, es decir “el remedio va a ser peor que la medicina”, pues ese menor que cometió una infracción, al no tener ninguna alternativa, lo seguirá haciendo toda su vida, e incluso con mayor intensidad, simplemente porque está excluido, y se le niega toda oportunidad de reintegrarse en la sociedad. Nadie gana, por el contrario, todos pierden: el infractor, la sociedad y la víctima.
Ante este panorama gris, surge el SOA, como una alternativa, por ello que es importante conocerlo.
El Servicio de Orientación al Adolescente – SOA, constituye un sistema de medio abierto en contraposición al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación del Poder Judicial de Lima (más conocido como Maranguita), que es un sistema de medio cerrado.
Veamos. Cuando un adolescente comete una infracción que reviste gravedad, es procesado por el Juzgado de Familia, quien dispone, por lo general, una medida de internamiento en el Centro Juvenil; sin embargo, cuando, el hecho investigado no tiene tal característica, se aplican las medidas socioeducativas no privativas de libertad: Amonestación, Prestación de Servicios a la Comunidad, Libertad Asistida, y Libertad Restringida, según lo establece el Art. 217 del Código de los Niños y Adolescentes.
El SOA, permite atender los casos de adolescentes involucrados en la comisión de infracciones no graves, en la que se parte de considerar al menor como un sujeto de derechos, y susceptible de que pueda desarrollar capacidades y potencialidades, ofreciéndoles los medios y las oportunidades adecuadas; asimismo, por tener un carácter preventivo promocional, se desarrolla una serie de actividades articuladas de formación personal y ocupacional.
Este centro con un régimen de medio abierto, contará con un equipo multidisciplinario de profesionales psicólogos, asistentas sociales, y docentes que brindarán tutoría a los adolescentes, y a sus familiares, quienes deben participar activamente en el proceso de resocialización. Debe tenerse presente que por su aún no implementación, actualmente, muchos adolescentes gozan de una medida socioeducativa no privativa de libertad, y que únicamente tienen, en el mejor de los casos, el apoyo de sus familiares, sin que las autoridades encargadas realicen un seguimiento de sus actividades, si estos menores se encuentran estudiando o trabajando, si sus padres han reasumido sus roles.
Los horarios en la que los menores desarrollan sus actividades formativas como son: Formación personal, socio-recreativas, laboral (talleres), área espiritual, y de participación familiar; no se sujetan a un horario rígido, sino que es flexible, puesto que se adecuan a los estudios o trabajos que estos realizan, para luego retornar a sus hogares.
En resumen, el SOA, cuyo único centro, actualmente funciona en el Rímac, constituye una práctica exitosa, que responde a los nuevos enfoques y principios en el tratamiento de la problemática de los adolescentes que han incurrido en alguna infracción a la ley penal, y que se demuestra con la mínima reincidencia, y el logro de la plena reinsertación social del adolescente, coadyuvando a la seguridad pública.
Juez de Familia de la Provincia de Huaura
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