jueves, 11 de diciembre de 2014

CONTINÚAN CUESTIONAMIENTOS CONTRA NUEVOS PRESIDENTES REGIONALES, ENTRE ELLOS A NELSON CHUI POR DENUNCIA DE LAVADO DE ACTIVO Y PRESUNTA RELACIÓN CON ORELLANA


PASADO QUE PESA. En tiempos pos segunda vuelta electoral vivida en 14 regiones del país, es bueno acuñar aquellas palabras que persiguen negativamente sin cesar al aprismo, que son 'el pasado vergonzante', que ahora parece haber cruzado fronteras y martiriza a muchos de los nuevos presidentes regionales del país, entre ellos al de la región Lima Nelson Chui; que se han visto envueltos en serias denuncias por presuntos actos de corrupción e irregularidades.

La tan ansiada descentralización ya se vive en el país; sin embargo, en el camino ha habido duros cuestionamientos a ese proceso y mucha incertidumbre por las autoridades que han asumido el poder en las regiones. 

Según un estudio reciente hecho por el Instituto Integración, de los 25 presidentes regionales que aún ejercen el cargo, 22 tienen denuncias por diversos delitos. 

Y tras las elecciones de segunda vuelta, ocurridas el último domingo 7 de diciembre, se conoce que el panorama no es para nada alentador. 

Hay personajes que siendo cuestionados e incluso procesados están a punto de asumir como la máxima autoridad en sus respectivas regiones.

REGIÓN LIMA
A pesar que ya terminó la campaña electoral, continúan los cuestionamientos contra el reelecto presidente regional de Lima, Nelson Chui Mejía, por ser investigado por lavado de activos y su presunta relación con la cooperativa Coopex, que pertenece al cuestionado Rodolfo Orellana.

Las denuncias son realizadas por prestigiados medios de comunicación nacionales, como es el caso de RPP Noticias que resalta las denuncias que afronta el nuevo presidente regional de Lima.

Algunas otras denuncias públicas y periodísticas, no solamente tocan a Chui Mejía sino a su progenitor Christiam Chui, de quien se dice que de la noche a la mañana incrementó su patrimonio personal y familiar.

EN ÁNCASH
Tal es el caso de Waldo Ríos Saucedo, que según los reportes oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), será el nuevo presidente regional de Áncash aunque no asumiría el cargo. 

Y es que sobre Waldo Ríos pesa una sentencia por corrupción y debe al Estado un millón de soles por concepto de reparación civil. De forma insólita ha anunciado que hará una colecta para cancelar su deuda

"Tiene un alto margen de votación pese a sus antecedentes y a la información que se proporcionó sobre él. No se han puesto a pensar quién va a asumir como vicepresidente regional porque usualmente no aparecen o aparecen muy poco en las campañas", comentó el secretario técnico de la Asociación Civil Transparencia, Gerardo Távara.

EN JUNÍN
Angel Uchupaico Canchumani, virtual presidente regional de Junín, tampoco podrá asumir el cargo ya que fue condenado el 19 de agosto por cobros indebidos cuando era alcalde del distrito de El Tambo, en Huancayo.

EN TUMBES
También está el virtual presidente regional de Tumbes, Ricardo Flores Dioses, que tiene más de 70 denuncias en su contra por corrupción y una sentencia por malversación de fondos en 2001. 

"Esto expresa enorme debilidad son gobiernos regionales que están empezando con la pata coja porque el vicepresidente puede estar en la misma lista pero nadie lo conoce", señaló Javier Torres Seoane, experto en regionalización.

MADRE DE DIOS
En la lista negra también aparece Luis Otsuka, virtual presidente de la región Madre de Dios, vinculado a la minería ilegal; 

CRISIS DE GOBERNABILIDAD
Las regiones del país atravesarán una "crisis de gobernabilidad" como consecuencia de laelección de personajes cuestionados y que por sus deudas con la justicia no podrán asumir funciones, advirtió Mauricio Zavaleta, investigador y politólogo.

Indicó que como consecuencia, habrá algunas regiones en las que tendrá que asumir el cargo el vicepresidente electo, que viene a ser una persona por la que la ciudadanía no ha votado directamente.

Zavaleta también opinó que este tipo de elección de personas cuestionadas genera un “costo de credibilidad” al sistema democrático.

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