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Más de 21,3 millones de personas elegirán mañana a 12.692 autoridades regionales y municipales de Perú, en un proceso que ha estado marcado por denuncias de corrupción, atentados y el predominio de movimientos locales sobre partidos nacionales.
En las elecciones convocadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se elegirá a presidentes regionales, consejeros, alcaldes y regidores para 25 regiones, 195 provincias y 1.647 distritos de todo el país.
A pesar de esta profusión de candidatos, la campaña para ocupar la alcaldía de Lima ha concitado la mayor atención, ya que acuden a ella 13 postulantes y se pone en juego la continuidad de la actual alcaldesa, la izquierdista Susana Villarán.
En medio de un proceso en el que ha afrontado denuncias y quejas por una supuesta inacción para hacer obras importantes, Villarán corre a la sombra del exalcalde Luis Castañeda, quien en los sondeos previos, que solo se pudieron publicar hasta el domingo pasado, aparecía como amplio favorito a volver a ocupar el sillón municipal.
Villarán esgrime como principal argumento la transparencia de su gestión y el inicio de grandes reformas como el traslado del antiguo mercado mayorista de Lima o la implementación de la primera etapa de la reestructuración del caótico transporte público en la capital.
Frente a ella, aparece un Castañeda que cuenta con un amplio apoyo de los limeños, que consideran que durante sus dos periodos en la alcaldía, entre 2002 y 2010, hizo muchas obras y desdeñan las acusaciones que lo vinculan con un sonado caso de corrupción.
El tercer candidato con opciones esSalvador Heresi, actual alcalde del distrito limeño de San Miguel, que centró su campaña en difundir vídeos musicales con populares canciones, pero que en las últimas semanas pareció detener su ascenso.
A nivel nacional, la campaña ha estado plagada de denuncias de candidaturas vinculadas a diversos delitos de corrupción e incluso al narcotráfico, lo que llevó al Ejecutivo a publicar listas de los que tienen condenas vigentes o procesos judiciales.
Esto determinó que el JNE excluyera a 345 candidatos regionales y municipales de la disputa electoral.
También es notorio el caso del presidente de la región Cajamarca, Gregorio Santos, quien se presenta con grandes opciones a la reelección a pesar de estar actualmente preso por presuntamente haber participado en un caso de corrupción.
Además, la violencia por motivos políticos se ha presentado en el interior del país y el incidente más notorio fue el asesinato de un candidato a la alcaldía del distrito de San Martín de Pangoa, en la provincia selvática de Satipo, una zona que es afectada por la presencia del narcotráfico.
El viernes, un atentado contra un convoy policial que transportaba material electoral dejó dos agentes muertos y otros cinco heridos en una zona de la región Ayacucho que pertenece al convulsionado Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
En esa zona las fuerzas de seguridad mantienen constantes enfrentamientos con bandas de narcotraficantes y grupos remanentes de la banda armada Sendero Luminoso.
Esta situación de violencia llevó al presidente de Perú, Ollanta Humala, a mostrar su preocupación, aunque enfatizó que se produce en zonas donde "o bien hay canon minero y regalías, o bien son áreas vinculadas con ilegalidades como el narcotráfico".
El atentado también fue condenado por una Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA), que preside el político y abogado uruguayo Sergio Abreu.
"La MOE/OEA rechaza con fuerza todo tipo de violencia electoral y resalta la importancia de que actos como el recién acaecido sean investigados y castigados de manera ejemplar, ya que solo persiguen dañar las bases de la democracia", aseguró la misión en un comunicado.
En medio de esta situación, el presidente Humala hizo un llamamiento a los peruanos para que cumplan con votar, un acto que es obligatorio en el país, y enfatizó que "el lema de "roba pero hace obra" no debe ser admisible en nuestra sociedad."
Fuente: EFE
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