ESTOS SON LOS DIRIGENTES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL QUE PELEAN POR CUPOS EN CHILCA - CAÑETE

Los asesinatos vinculados con las peleas por cupos en construcción civil van en aumento. En Salinas, localidad del distrito de Chilca, provincia de Cañete, región Lima, dos bandos que quieren adueñarse de todos los cupos de una obra han protagonizado incidentes que hasta ahora han dejado dos muertos.

Toda esta violencia es parte de una pelea entre el sindicato de Salinas-Chilca, dirigido por Cristian Jonathan Gonzales Ramos (29), y elsindicato de Salinas, encabezado por el ex dirigente Yony Ccahuana Salazar (41), alias “Peluca”.

Gonzales Ramos es un dirigente que vive en Chilca y representa al grupo de trabajadores que busca desplazar a bando opuesto liderado por Ccahuana Salazar, natural de Huancavelica y con residencia vigente en Lima.

Según fuentes de El Comercio, estos grupos se enfrentan desde hace más de un mes, cuando una resolución de Construcción Civil determinó que el sindicato de Ccahuana debía salir de Salinas y dejarle el paso libre al de Salinas-Chilca, quienes encabezaron una marcha que terminó en una balacera en la obra que se disputan, ubicada a la altura del kilómetro 65 de la Panamericana Sur.

INCIDENTES VIOLENTOS

El 31 de diciembre, personas aún no identificadas asesinaron a Pablo Antonio Hinostroza Alcarraz, alias “Cholo Diego”. Según la policía, era un dirigente de Cerro Azul que estuvo vinculado con gremios de Balnearios de Asia, Mala, Cañete y Salinas y su muerte estaría relacionada al conflicto por la obra de la constructora El Positano.

Esta no es la única muerte que cobró esta disputa. El 21 de noviembre último, Cristian Chávez Reyna (31) perdió la vida en un enfrentamiento a balazos que dejó a otras tres personas heridas: Víctor Manuel Boez Gamboa, Maribel Cuya Blas y Antonio Millar Briceño.

Hoy, mientras la policía se dirigía a Salinas tras recibir información de que un grupo de 30 personas del sindicato entrante estaba movilizándose otra vez, desconocidos hicieron explotar el carro de Julián Caycho La Puente, secretario general del sindicato de Chilca.

PELEA A MUERTE POR DINERO

El grupo entrante, dirigido por Gonzales Ramos, habría obtenido el apoyo de un grupo de pobladores desocupados de Chilca al que le ofreció trabajo en la obra de El Positano. Son ellos los que se agruparon el viernes para tratar de desalojar al sindicato saliente. El atentado contra Caycho La Puente buscaría reducir el apoyo hacia el sindicato entrante.

El conflicto tiene como única finalidad asegurar que los miembros de uno u otro sindicato ocupen los cientos de puestos de trabajo que ofrece la constructora, además de cobrar cupos a los trabajadores.

Aproximadamente cada trabajador cobra al mes entre S/.300 y S/.600, los cuales pueden llegar a las arcas del sindicato. Además, los gremios exigen un pago de entre S/.10 y S/.20 semanal por cupo a cada trabajador. Si se habla de unos 300 trabajadores dentro de esta obra, la suma mensual se elevaría a más de S/.180 mil.

SE ALIMENTAN DE LA INFORMALIDAD

Para el general en retiro Víctor Gandolfo, asesor en temas de violencia de obra de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), el problema es que ningún sindicato da su brazo a torcer y siempre quieren copar la totalidad de los cupos de las obras.

“Lamentablemente la ley permite que cualquier grupo pequeño forme sindicatos y todos quieren sacar provecho de eso de hasta tres formas: le cobran a las empresas para dejarlos trabajar, le cobran a los trabajadores por cupo otorgado y aparte también extorsionan a los constructores”, relató.

Para tratar de buscar una solución al problema interminable de la extorsión en el sector, Gandolfo recomendó modificar las leyes para obligar que se empadrone a todos los trabajadores. “Hay delincuentes que figuran en planillas pero que no trabajan y cobran cupos”, señaló.

También recomienda que los sindicatos puedan dar cuenta cómo emplean el dinero que acumulan en las obras, ya que los miles de soles que recolectan los usan para armar y contratar delincuentes. De esta forma, las propias empresas terminan siendo las que financian a sus extorsionadores.

Fuente: El Comercio