Su experiencia será clave para combatir el crimen en el país, justo cuando la inseguridad ciudadana es cada vez mayor y no se cuenta con suficiente número de agentes en las calles. El gobierno promulgó ayer la Ley 30026, que faculta a los policías y militares en situación de retiro a trabajar para el Estado en temas de seguridad, sin perder su pensión de jubilación.
En adelante, los gobiernos regionales, las municipalidades e incluso los ministerios del Interior y de Defensa podrán contratar a pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía a fin de superar el déficit de efectivos que hay en actividad .
Estándares internacionales indican que debe haber un policía por cada 60 pobladores en las ciudades, a fin de garantizar la seguridad pública. En el Perú la situación es alarmante. Hay localidades como Casma, región Áncash, donde por cada 2.200 ciudadanos solo se cuenta con un agente.
Usarán armas
Precisamente por esa razón, ante el peligroso avance de la delincuencia en esa localidad, en los últimos días se han producido movilizaciones populares y toma de carreteras.
Ahora, con la Ley 30026 se podrá contar con personal capacitado en seguridad para apuntalar la lucha contra la criminalidad.
A diferencia del personal del serenazgo, los policías y militares jubilados que trabajen en las instituciones públicas sí podrán portar armas de fuego y hacer uso de ellas en situaciones de apremio. Tienen preparación profesional y licencias vigentes.
Solo podrán participar en la lucha contra el hampa aquellos oficiales y subalternos de la Policía, el Ejército, la Marina y la Aviación que pasaron al retiro por límite de edad o a su solicitud. Se descarta a todos aquellos que fueron dados de baja por medidas disciplinarias.
El Ejecutivo reglamentará la ley en un plazo máximo de 30 días calendario.
Fuente: La República
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