MÁS DE 507 FUNCIONARIOS EN EL BANQUILLO EN LA CORTE DE JUSTICIA DE HUAURA POR CASOS DE CORRUPCIÓN

EN EL BANQUILLO. Si bien la atención pública nacional está centrada en los casos de corrupción que giran alrededor de la constructora brasileña Odebrecht, el escenario no deja de ser sombrío en las distintas regiones del país en vísperas de un proceso para la elección de nuevas autoridades en las instancias de gobierno subnacional.

En una reciente sistematización, el Poder Judicial dio cuenta de un total de 27 mil 20 funcionarios procesados por corrupción a nivel nacional. De esta cifra, 507 están repartidos en la Corte Superior de Justicia de Huaura.

ENCARPETADO

A mediados del 2017, la Defensoría del Pueblo publicó el "Reporte de la Corrupción en el Perú". Allí hizo propuestas de políticas que aún no han sido tomadas en cuenta, como la reglamentación de los criterios para la elección de los altos funcionarios del Estado.

La entidad defensorial también presentó ante el Congreso un proyecto de ley que promueve la transparencia en los proyectos ejecutados mediante asociaciones público-privadas (APP). Desde febrero del año pasado, el documento está encarpetado en la Comisión de Fiscalización.

COMISIÓN DE INTEGRIDAD

En octubre del 2016, tras el escándalo por corrupción de su asesor Carlos Moreno, el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski anunció la instalación de la Comisión Presidencial de Integridad, con el fin de plantear propuestas concretas de políticas para la lucha contra la corrupción.

Esta comisión, presidida por el ex defensor del Pueblo Eduardo Vega Luna, presentó en diciembre cien propuestas de lucha contra la corrupción.

Una de las pocas medidas implementadas fue la publicación de Kuczynski y sus ministros de sus declaraciones juradas de intereses. Esto solo se acató por voluntad de las autoridades y nunca se convirtió en una política pública.

El gobierno, con Fernando Zavala como premier, también creo la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero desmantelada en sus funciones y sin una verdadera autonomía para promover la transparencia.
(Con información de La República)