martes, 20 de febrero de 2018

PUNTO JURÍDICO: LA POTESTAD DE “ALLANARSE AL PROCESO” DEL PROCURADOR PÚBLICO PARA PONERLE FIN AL PROCESO JUDICIAL


Por José Alejandro Samanamud Rodríguez (*)

El Procurador Publico, -que en palabras más simples- es quien ejerce la representación y defensa jurídica del Estado en los procesos del sector al que pertenece, es si no, el personaje más cuestionado a nivel procesal por sus acciones dilatorias y engorrosas. 

Esto a razón de que cuando el Estado es el demandado, el procurador público tiene como función otorgada dilatar el proceso judicial “lo más que se pueda” sin importar las pretensiones y derechos de los demandantes, ya sea presentando escritos que entorpece el normal proceso judicial o apelando las resoluciones que emite el Juez. 

Una forma para poder culminar con el proceso judicial prontamente es la facultad de Allanarse al proceso (propio de la parte demandada), esto implica no oponerse a las pretensiones del demandante, por el cual le reconoce el derecho y permite la viabilidad del proceso que culminará con una sentencia fundada. 

Sin embargo, el procurador no aplica esta facultad procesal, todo lo contrario, omite esta potestad y enmaraña el proceso judicial, permitiendo que los procesos tengan una durabilidad sobrestimada, de largos años y perjudicado a los demandantes, sin importarles su edad o condiciones económicas. De alguna u otra manera los abogados también nos vemos perjudicados, esto a razón de que los clientes no comprenden por qué sus procesos demoran en demasía; pues esta es la respuesta, el Procurador Publico no se allana al proceso Judicial. 

Una alternativa de solución a este cuestionamiento sería que el mismo Estado se pronuncie ordenado a sus procuradores que en los casos donde las pretensiones sean justas y sobretodo que tengan altos índices de poder ser declaradas fundadas, estos se allanen al proceso, de esta manera muchos de los juicios culminarían en un tiempo óptimo y justo. 

Evidentemente, nuestro sistema judicial aun es precario en estas situaciones y el Estado no coadyuva en solucionar estas problemáticas que al margen de todo, el perjudicado gravemente resultan ser los demandantes. 
(*) Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo 
     Actualmente es Asistente Legal en el Estudio Jurídico Samanamud Grados

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