Por el Econ. Víctor Alvino Guembes
Según una última publicación del Grupo Banco Mundial del cual soy suscrito a sus comunicaciones e investigaciones actualizadas y permanentes, por primera vez en la historia, la cantidad de personas que viven en extrema pobreza ha bajado a menos del 10 %. El mundo nunca ha tenido metas tan ambiciosas en materia de desarrollo como sucede hoy. Luego de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la firma del Acuerdo de París sobre Cambio Climático a fines de 2015, la comunidad mundial está ahora evaluando las mejores y más eficaces vías de alcanzar estos hitos.
En esta serie de cinco partes, me referiré a lo que el Grupo Banco Mundial está haciendo y lo que estamos planeando realizar en áreas clave que son cruciales para poner fin a la pobreza a más tardar en 2030: buen gobierno, igualdad de género, conflicto y fragilidad, creación de empleos y, por último, prevención y adaptación al cambio climático.
Hace 20 años, el Banco Mundial consideró que la lucha contra la corrupción constituía una parte integral de la reducción de la pobreza, el hambre y las enfermedades. La decisión fue pionera entonces y sigue vigente hoy en día. La corrupción desvía recursos destinados a los pobres para dárselos a los ricos, genera una cultura de sobornos, y distorsiona los gastos públicos, desalentando a los inversionistas extranjeros y obstaculizando el crecimiento económico.
Sin embargo, en cierta forma, la corrupción es solo un síntoma. El combate a la corrupción debe estar acompañado de esfuerzos que permitan a los Gobiernos realizar su trabajo con justicia y transparencia, proveer servicios y brindar seguridad a sus ciudadanos, y crear un entorno que fomente la creación de empleos y el crecimiento económico.
Estas son las características de una buena gestión de gobierno e instituciones eficaces, y ayudar a los países a lograrlas es uno de los objetivos principales de nuestra labor en los países de ingreso bajo (i) en todo el mundo.
Las siguientes son tres maneras en que lo hacemos.
Nos concentramos en el fortalecimiento institucional.
La prosperidad y la calidad de las instituciones de un país habitualmente van de la mano. Los Gobiernos que tienen instituciones bien administradas y responsables están en mejores condiciones de proporcionar bienes públicos y apoyar un entorno propicio para la creación de empleos y el crecimiento.
El desempeño del sector público es particularmente importante para las personas más pobres del mundo, quienes dependen de manera desproporcionada de los servicios gubernamentales, y mejorar la prestación de servicios es esencial para salir de la pobreza.
Expertos del Banco Mundial en alrededor de 100 países entregan conocimientos y capacitación a los Gobiernos para fortalecer la administración del sector público y la gestión de las finanzas públicas, sistemas que son fundamentales para garantizar que los recursos fiscales se gasten de manera eficiente, efectiva y responsable.
Hemos visto resultados importantes. Entre 2011 y 2015, 50 millones de personas en los países más pobres obtuvieron acceso a mejores servicios de agua, 413 millones recibieron servicios básicos de salud y se construyeron o repararon 102 000 kilómetros de caminos.
En Comoras, hemos ayudado al Gobierno a fortalecer la gestión económica, de modo que ahora más que nunca el público puede tener acceso a mayor cantidad de información sobre las finanzas nacionales.
En Côte d'Ivoire, nuestro respaldo ha ayudado al Gobierno a atraer al sector privado y preparar proyectos de energía, transporte e infraestructura portuaria. Reformas inminentes en el sector financiero prometen fomentar inversiones en agricultura, agroindustria y manufacturas.
Los datos son cruciales, y una de nuestras prioridades es el fortalecimiento de la capacidad estadística de nuestros países clientes. El año pasado, ayudamos a 32 países (entre ellos, 11 Estados frágiles) en este ámbito; ahora, 18 países usan las estadísticas para diseñar y fiscalizar las políticas, y promover la transparencia y la rendición de cuentas. Por ejemplo, Bolivia finalizó censos de la vivienda y de la actividad agropecuaria y tres rondas de encuestas a los hogares para fortalecer la planificación y la evaluación de los programas y las políticas del sector público.
Ayudamos a los países a movilizar los recursos necesarios para la prestación de servicios.
El 50 % de los países de ingreso bajo recauda menos del 15 % de su producto interno bruto (PIB) por concepto de impuestos. En cambio, el promedio en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) llega a alrededor del 34 %.
¿Cuál es la razón de esta diferencia? Los países más pobres tienen que lidiar con una amplia gama de problemas: empresas —tanto extranjeras como nacionales— que evaden el pago de impuestos, grandes cantidades de negocios informales no registrados, administración deficiente de los ingresos públicos, mala gestión de gobierno, falta de cooperación internacional en materia tributaria y desconfianza pública.
No se trata solo de aumentar los impuestos, sino también de diseñar sistemas tributarios justos y responsables y que no entorpezcan el crecimiento económico. Durante años, hemos respaldado reformas tributarias y las mejoras en la administración de los impuestos, tanto al interior de los países como en foros internacionales, tales como el Grupo de los Veinte (G-20). Y acabamos de poner en marcha un Equipo a cargo de Cuestiones Internacionales de Tributación para ampliar esta labor.
Desde 2012 hasta 2014, Mauritania aumentó la recaudación de impuestos en casi un 50 %, mediante reformas destinadas a mejorar la gestión de los recursos públicos.
En Pakistán, la recaudación impositiva en la provincia de Sindh subió un 24 % en un solo año.
Si bien la asistencia para el desarrollo seguirá teniendo una importancia crucial en la lucha contra la pobreza, esta no será suficiente para lograr los ambiciosos objetivos que hemos establecido. Debemos ayudar a los países a movilizar recursos internos —el recurso para el desarrollo mayormente desaprovechado— para que lleguen a ser autosuficientes y provean servicios de calidad a sus ciudadanos.
Promovemos la transparencia y la rendición de cuentas.
La transparencia sobre el uso de los recursos públicos fomenta la confianza entre los ciudadanos y sus Gobiernos. Puede hacer que el gasto público sea más específico y eficaz. Esta es la razón por la que trabajamos con los Gobiernos para que sus presupuestos y las maneras en que usan los recursos sean más transparentes. Esto también disminuye el fraude y la corrupción, y permite que se escuche a los ciudadanos.
Túnez es uno de los 40 países que usa nuestra base de datos sobre el gasto público, una herramienta que ofrece datos detallados del gasto público de una manera más abierta y accesible.
También en Túnez, nuestra investigación que cuantifica el valor del comercio ilícito y que identifica el alcance y el costo de la captura del Estado ha ayudado a aumentar la transparencia y a mejorar la capacidad de los tunecinos de pedir cuentas a su Gobierno.
En Moldova, más de 2200 funcionarios públicos y otros empleados recibieron capacitación en el área de gobierno electrónico. Las personas ahora pueden tener acceso a más de 880 conjuntos de datos gubernamentales y a 131 servicios públicos que se ofrecen a través de internet.
En Nigeria, la cantidad de contratos públicos adjudicados mediante licitaciones aumentó en un 85 % en 2015, en comparación con un crecimiento de un 20 % en 2009.
El enfoque que abarca los tres aspectos de mejorar las instituciones, movilizar más recursos internos y hacer participar a los ciudadanos es lo más cercano a una fórmula mágica para el desarrollo. La mala gestión crónica y la corrupción desmoralizan a los ciudadanos y socavan su confianza en el Estado. La corrupción profundiza la pobreza, haciendo que los pobres sean más vulnerables a la explotación y los sobornos a cambio de servicios como la atención de salud y la educación. Negar a los ciudadanos la posibilidad de participar en sus Gobiernos es un obstáculo para que alcancen su pleno potencial. Por todas estas razones, el Banco Mundial estima que una gestión de gobierno sólida e instituciones eficaces es algo esencial para encaminar a los países más pobres en la senda que conduce a la autosuficiencia.
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