En vista de los altos niveles de contaminación de las lagunas Rupahuay y Rumbrococha, el lunes 23 de abril los pobladores de la comunidad de Quichas, provincia limeña de Oyón, decidieron tomar la vía que conduce al yacimiento de la minera Raura para exigir a esta empresa la construcción de una nueva planta de tratamiento y la recuperación de estas dos lagunas. La asesora legal de los comuneros, Marleny Canales, refirió que tanto en Rupahuay como en Rumbrococha se ha encontrado altos niveles de plomo, cadmio, arsénico y mercurio, de acuerdo al monitoreo efectuado por OEFA.
“La producción de la empresa se ha duplicado, de ahí que los comuneros demandan la construcción de una nueva planta tratamiento para evitar derrames de efluentes mineros que está dañando los suelos y también las aguas en la zona. Lo que quieren es evitar que esta contaminación llegue a las cuencas del Huauraen el Pacífico, y del Huallaga en la amazonia”, manifestó la abogada Marleny Canales.
En tanto, los comuneros se han ubicado en la vía, que consideran comunal y no nacional, y no permiten el tránsito de los camiones de Raura. Otras unidades de transporte público o privado circulan libremente.
Pero la demanda de Quichas no solo se limita al tema ambiental. El secretario de la junta directiva de esta comunidad campesina, Roger Calero Salinas, refirió que Raura ha utilizado sus terrenos por muchos años sin pagarles por servidumbre de uso.
“En tiempo de nuestros padres, Raura de manera engañosa les dice que le vendan los terrenos. Nuestros padres no tenían intención de hacerlo, querían alquilarlo vía servidumbre pero con el poco conocimiento que ellos tenían les han hecho firmar documentos para expropiar los terrenos de la comunidad. Aparte de eso hicieron actas de compromiso diciendo que va apoyar de diversas formas y hasta la fecha nada”, reclamó el dirigente.
Añadió que la voluntad de la comunidad para solucionar el conflicto los llevó a participar en mesas de diálogo con presencia de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Energía y Minas.
“ Hasta la fecha hemos tenido 36 mesas de diálogo en dos años. Pero los comuneros ya no confiaban en los informes que les llevábamos y empezaron a desconfiar de nosotros los dirigentes porque todos los documentos que nosotros hacíamos en cada reunión no tenían cumplimiento al 100%. No hay un documento que la empresa haya cumplido todos sus compromisos” afirmó Calero Salinas.
Esta semana acudieron a la Presidencia del Consejo de Ministros para que intervenga en la solución de este conflicto. La respuesta fue que levanten la medida de fuerza, lo cual no ha sucedido.
Se supo que a esta hora del día había llegado un contingente policial a la zona. “Temo por lo que le pueda pasar a gente”, manifestó la asesora legal de la comunidad de Quichas, Marleny Canales.
Fuente: La República
No hay comentarios:
Publicar un comentario