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Los gobiernos regionales manejan, en conjunto, un presupuesto de más de S/.20 mil millones. Y algunos de ellos, como Piura, Loreto, Arequipa o Cajamarca, individualmente tienen presupuestos que superan los mil millones de soles este año.
Las oportunidades que estos recursos suponen para el desarrollo de las regiones son enormes, pero del mismo tamaño son las posibilidades que se abren para el crimen y la corrupción. El potencial botín que tienen en frente los delincuentes que quieren aprovecharse de un cargo público, después de todo, es cuantioso.
La mezcla de esta abundancia de recursos con la escasez de controles institucionales es una peligrosa receta para un terrible plato: hay presidentes regionales que pueden comportarse, más que como autoridades elegidas y sometidas a la ley, como señores feudales que hacen y deshacen a su antojo en su territorio.
De esto, por ejemplo, se le acusa hoy al presidente regional deÁncash, el señor César Álvarez. Si bien es cierto que no se han presentado evidencias concluyentes en su contra, los acontecimientos alrededor de él son efectivamente muy sospechosos.
A su gobierno regional se le ha acusado de manejar una central de interceptación y espionaje conocida como ‘La Centralita’, desde la cual se perseguiría a la oposición de Álvarez (recordemos además que cuando se transmitió un reportaje sobre este tema el año pasado, extrañamente se cortó la señal del canal por el que se transmitía el mismo en Áncash y que la investigación se entorpeció porque se removieron extrañamente a los fiscales encargados de la indagación misma).
Asimismo, el presidente regional fue acusado de estar involucrado en la sobrevaluación de un paquete de inversiones por S/.840 millones (sus dos acusadores, coincidentemente, fueron asesinados). Adicionalmente, al señor Álvarez se lo acusa de tener relación con los distintos homicidios políticos ocurridos en los últimos tiempos, de sobornar periodistas, de amenazar a una fiscal, entre otras cosas.
Nuevamente, como señalamos, no existen pruebas concluyentes sobre estas acusaciones, pero queda claro que hay mucho por investigar respecto de este presidente regional (cosa que parece difícil de hacer por cómo termina entorpeciéndose la labor de los fiscales que deciden investigarlo) y, si las acusaciones fuesen ciertas, quedaría claro que el presidente regional habría venido haciendo lo que se le viene en gana con Áncash.
Otro ejemplo de una región cuyo presidente se comporta cual señor feudal es Cajamarca. Recordemos que, en la época del conflicto por el proyecto Conga, Gregorio Santos colideró un movimiento que bloqueó vías, secuestró a su ciudad y atacó la municipalidad de un alcalde opositor usando armas de fuego.
Además, desconoció el estado de emergencia dispuesto por el Ejecutivo y dictó normas en contra de lo dispuesto por el Congreso. Paralelamente –según la Contraloría de la República– violó la ley al usar recursos del gobierno regional para financiar movilizaciones que a la postre terminaron, como sabemos, con cinco muertos. Y, como si eso fuese poco, ha sido acusado de irregularidades en el proceso de selección y ejecución de proyectos de inversión del gobierno regional por más de S/.130 millones.
Tenemos que hacer algo para evitar que malos funcionarios públicos abusen del poder que tienen los gobiernos regionales. Una posibilidad sería, como sucede con el presidente de la República, prohibir su reelección inmediata para evitar así su entronización y para que sepan que existen más posibilidades de que a su gestión le siga una de oposición que investigará sus acciones en el poder.
Además, es imprescindible reforzar las capacidades de la fiscalía y de la contraloría para investigar indicios de corrupción o de mal uso de los recursos regionales. Incrementar los presupuestos de estas instituciones para que puedan fiscalizar más eficientemente a las regiones no sería un gasto sino, más bien, una inversión.
Los presidentes regionales necesitan de límites. Si, como dice el dicho, la ocasión hace al ladrón, no seamos ingenuos y no dejemos un botín al alcance de cualquier truhán.
Fuente: El Comercio
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